¿Sobrevivirá el acuerdo de paz a las elecciones en Colombia?
AP
Washington Hispanic
Los efectos del desarme de las FARC se respiran en Colombia: cada vez más gente se atreve a viajar por carretera sin miedo al secuestro y los noticieros dejaron de mostrar masacres constantemente. Y sin embargo, mucha gente sigue sin estar convencida del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la mayor guerrilla del hemisferio.
Los detalles para implementar el plan, de hecho, continúan en discusión y a ella se han sumado los candidatos a las presidenciales de 2018.
Aunque el texto está bajo custodia de la comunidad internacional y de la Constitución colombiana, los legisladores pueden modificar algunos puntos del acuerdo. Por eso, hay mucho en juego en las elecciones al Congreso y a la presidencia del año que viene.
El aspecto más polémico y discutido por los candidatos es el sistema de justicia alternativa, sobre todo porque ni siquiera se ha constituido el tribunal que juzgará a los actores del conflicto y el nuevo partido creado por excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ya presentó a sus jefes históricos como candidatos a los próximos comicios.
De hecho, Rodrigo Londoño, máximo líder de las FARC, es su candidato a la presidencia. Ahora se ubica en un lejano decimoprimer lugar en las encuestas, pero su sola participación en la contienda ha levantado polémica.
El exgrupo guerrillero mantuvo sus siglas en esta nueva etapa política, pero se rebautizaron en Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Entre los seis candidatos que lideran las encuestas para la presidencia, tres están a favor de materializar el acuerdo de paz tal como está y los otros tres tienen serios reparos sobre algunos puntos espinosos.
La pregunta de qué harían aparece en todas las entrevistas y, con la intención de voto dividida, se ha vuelto un tema que genera afinidad o distancia ante posibles coaliciones. A menos de seis meses de la primera vuelta, ningún candidato supera el 20% de las preferencias.
Los herederos del expresidente Álvaro Uribe son los máximos opositores al acuerdo y ahora tratan de capitalizar su triunfo en el plebiscito del año pasado que provocó someter el pacto a revisión. Iván Duque, candidato del partido Centro Democrático, asegura que desmontará el sistema de justicia pactado con las FARC, que permite que aquellos que contribuyan a la verdad eludan la cárcel, porque considera que conduce a la “impunidad”.
El aspirante sostiene que los acusados de crímenes de lesa humanidad deben ser sometidos a la justicia ordinaria.
“Vamos a hacer todas las reformas necesarias para restablecer el estado de derecho”, dijo en una reciente entrevista con The Associated Press este conservador que presenta el lema “ni risas ni trizas” después de que su partido amenazara con revocar el acuerdo si llegaban al gobierno.
Duque también propone mano dura ante los cultivos ilícitos, que este año alcanzaron máximos históricos, incluso con el retorno de la fumigación aérea con glifosato, una técnica polémica por sus efectos sobre la salud y el medio ambiente prohibida hace dos años. El acuerdo propone que el gobierno impulse programas de sustitución voluntaria de cultivos para dar a los campesinos una salida económica y se promueva el desarrollo del campo, sin embargo, la aparición de nuevos grupos armados que se disputan el terreno abandonado por las FARC dificulta estos proyectos.
Aunque los guerrilleros han admitido haber cobrado un “impuesto revolucionario” a los narcotraficantes que operaban en sus zonas, rechazan haber sido ellos los responsables del tráfico de drogas.
Naciones Unidas, garante del cumplimiento del cese al fuego entre el gobierno y las FARC, considera que el desarme de la guerrilla -de unos 10.000 miembros entre combatientes y presos- ha sido un éxito y que los rebeldes dejaron su actividad armada, incluidos numerosos combates con el ejército o secuestros para financiarse.
Germán Vargas Lleras, exvicepresidente del gobierno de Juan Manuel Santos, también critica aspectos clave del pacto, sobre todo porque duda de que los excombatientes hayan cumplido con la entrega del inventario de sus bienes para la reparación a las víctimas o contribuido a establecer la verdad sobre lo que sucedió.
“Su habilitación política está condicionada a que cumplan”, afirmó en una televisión local.
Entre quienes apuestan por continuar con la tortuosa implementación está el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, que lidera las encuestas. “No creo en esa discusión de devolverme cinco años para ver qué hubiera cambiado yo”, dijo a la AP, sino más bien en aterrizar los acuerdos en los territorios más afectados por el conflicto.
Fajardo tiene reparos con lo pactado, pero considera que es la opción para romper la polarización. Dice que Colombia tiene una oportunidad para pasar página y que la ciudadanía no ha tenido la información necesaria pare entender el acuerdo como un proyecto de país. Por eso, pone sobre la mesa su experiencia en la alcaldía de la segunda ciudad del país durante una etapa de desmovilización de miles de paramilitares.
“Cada uno tiene que construir su camino y con eso, construir el camino colectivo”, afirma sobre los miles de excombatientes que buscan su lugar en la sociedad.
El más comprometido con mantener vivas las 311 páginas de ese texto es Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno de Santos con las FARC. Para él, dejar el acuerdo intacto es cuestión de mantener la palabra del Estado, aunque admite que su opinión es “un poco solitaria”.
“La evidencia es que este gobierno no alcanza a implementar la totalidad de lo acordado”, dijo. Sin embargo, consideró que su “nombre es un puente para garantizar que sigamos cumpliendo y que el Estado colombiano cumpla”.
De la Calle estuvo cinco años sentado frente a frente con las FARC antes de alcanzar el acuerdo. Hoy, sin embargo, autoridades y expertos estiman que un 10% de los guerrilleros ya han abandonado su proceso de reintegración para unirse a las disidencias de la guerrilla.
También Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá y muy popular entre los sectores más populares de la sociedad, busca mantener la validez de los acuerdos de paz. Aunque es el candidato más cercano a la izquierda tradicional, como Fajardo y como De la Calle, Petro rechaza una alianza con el partido de las FARC.
Y a la par de las discusiones sobre el futuro del acuerdo con las FARC, en 2018 Colombia continuará con otro proceso que tampoco será fácil:
las negociaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), algo que los candidatos también enfrentan con diferentes perspectivas. Mientras los seguidores de Uribe exigen un cese al fuego unilateral para empezar los diálogos, los del “sí” aceptan tomar el relevo de las negociaciones del gobierno actual con el ELN.
