Cita cumbre en la frontera
AP
Washington Hispanic
México y El Salvador firmaron el jueves un programa de cooperación que incluye la transferencia directa de 30 millones de dólares al país centroamericano como parte del plan integral de cooperación para la región propuesto por el gobierno mexicano para ayudar a frenar el flujo de migrantes hacia el norte.
El proyecto, que reforestará 50.000 hectáreas y prevé generar 20.000 empleos, se presentó durante la visita del presidente salvadoreño Nayib Bukele a la frontera sur mexicana, por donde han cruzado decenas de miles de migrantes en lo que va de año, la gran mayoría por los más de 300 pasos irregulares que hay a través de ríos y selva.
Ambos mandatarios se reunieron para tratar esta crisis humanitaria, que ha desbordado a todos los gobiernos, justo cuando México acaba de poner en marcha el acuerdo con Estados Unidos que evitó la imposición de aranceles a las importaciones mexicanas.
Este acuerdo “va a ser un ejemplo, una luz que va a alumbrar muchas partes del mundo”, dijo Bukele durante la firma que tuvo lugar en unos viveros del ejército. “Hermanos trabajando unidos podemos hacer muchísimo más”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que planes similares se firmarán con Guatemala y Honduras porque el control de la migración no debe ser solo “el uso de la fuerza… medidas coercitivas, cerrar fronteras, sino entender el problema de fondo y buscar soluciones a esos problemas”.
No obstante, como acordó con EEUU, México ha empezado a desplegar parte de los 6.000 efectivos de la Guardia Nacional para colaborar con los controles migratorios y en la lucha contra el tráfico de personas.
La presencia de militares, marinos y policías en esa región fronteriza mexicana parece que ha hecho descender un poco la llegada de indocumentados en la última semana pero no lo ha detenido.
A menos de 20 kilómetros desde donde hablaban los presidentes, un salvadoreño que solo quiso identificarse como Brilo se subía a una rudimentaria balsa y cruzaba el río Suchiate, la frontera entre Guatemala y México. “He oído que va a venir el presidente a firmar un convenio para que todos podamos trabajar”, dijo nada más pisar territorio mexicano. “Ese no es el problema, son las pandillas, la delincuencia, eso es lo único que hay allá en El Salvador”, añadió.
Bukele acaba de anunciar un plan para luchar con las finanzas de las maras y el jueves 20 se inició un despliegue de fuerzas de seguridad en las zonas comerciales del centro histórico de la capital San Salvador y de otros 11 municipios del interior del país afectados por la presencia y extorsión de las pandillas.
El proyecto integral de desarrollo para atajar las causas de la emigración cuenta, según México, con el respaldo de 14 agencias de las Naciones Unidas, de Estados Unidos y varios países europeos, pero el acuerdo del jueves es el primero en que da cifras concretas.
El gobierno mexicano ha multiplicado la cifra de detenciones y deportaciones de migrantes en los últimos meses debido a la creciente presión de EEUU pero también ha facilitado la concesión de permisos de trabajo para muchos de los que cruzaron irregularmente y las solicitudes de asilo en lo que va de 2019 superan las 24.000, casi el mismo número que todo el año pasado.
Algunos de los que han logrado un empleo se muestran esperanzados y agradecidos con México, como María del Carmen Ramírez, una joven de 23 años que salió de Honduras con su hijo de tres, su cuñada y su sobrino después de que asesinaran a su hermano. Lleva un mes barriendo calles, limpiando y descargando plantas. “De momento me voy a quedar aquí mientras haya trabajo. He tenido suerte”, dijo.
Otros creen que las medidas tomadas por el gobierno de López Obrador tienen luces y sombras.
El salvadoreño Luis Antonio Vázquez cree que el despliegue de la Guardia Nacional “puede darnos seguridad a todos pero también puede que no deje pasar a muchos que huyen para que no los maten”.
Hasta que logran la primera cita para iniciar el proceso –que puede durar hasta 100 días- muchos como la hondureña Yesenia Hernández, su marido y sus dos hijos, tienen que dormir en la calle porque los albergues están llenos.
“Si hubiera oportunidades, trabajo, hospitales todo eso allá, no vendríamos”, dijo Hernández, procedente de San Pedro Sula. “Y si no existiera violencia”, sentenció.
