Primero Trump, ahora Brasil debilitaría acuerdo de París
Washington Hispanic
AP
rasil está sopesando medidas que dejarían sin efecto protecciones al medio ambiente y harían que resulte más difícil cumplir los objetivos del acuerdo climático de París, dando a entender que abandona su condición de líder mundial en los esfuerzos por combatir el calentamiento global justo cuando Estados Unidos hace lo mismo.
El Congreso ya ha aprobado dos medidas que reducirán sustancialmente los territorios protegidos de la degradación ambiental. Y los legisladores analizan suavizar las normas que gobiernan áreas como la infraestructura y proyectos agrícolas e industriales. Una propuesta alteraría la forma en que las tierras de los indígenas son designadas, reduciendo potencialmente las áreas protegidas.
Todo esto se produce en momentos en que la selva amazónica y la del atlántico están siendo taladas al ritmo más acelerado de la última década y se intensifican las batallas violentas por el control de las tierras selváticas.
“Brasil está renunciando a la oportunidad de ser un líder en estos asuntos”, expresó Marcio Astrini, coordinador de políticas públicas de Greenpeace en Brasil. “Es bien difícil ser peor que (el presidente estadounidense Donald) Trump en torno al medio ambiente, pero el gobierno brasileño lo está intentando vigorosamente”.
Brasil es visto desde hace tiempo como un líder mundial en el terreno de la protección del medio ambiente. Sus políticas hacia la selva amazónica tienen un enorme impacto en la lucha por reducir las emisiones de carbono a nivel mundial. Combinada con la decisión de Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo de París, la aparente intención de Brasil de eliminar muchas regulaciones ambientales pueden comprometer los objetivos mundiales de ese pacto.
El cambio de rumbo de Brasil tiene lugar en el marco de una creciente agitación política. El presidente Michel Temer lucha por mantenerse en el poder a pesar de denuncias de corrupción y de amenazas de destituirlo. En medio de todo esto, Temer impulsa impopulares reformas que dice son fundamentales para que la economía brasileña salga de la recesión en que cayó hace dos años.
Temer aceptó respaldar una serie de medidas promovidas por un bloque de legisladores que representan los intereses de los terratenientes y ganaderos a cambio de ayuda con sus propias propuestas y para evitar un juicio político.
“Este gobierno está usando las políticas sobre el medio ambiente como divisa”, sostuvo Astrini.
En abril hubo una semana de protestas frente al Congreso por parte de agrupaciones indígenas que dicen que Temer está reduciendo las protecciones para sus tierras y permitiendo que terratenientes y ganaderos se apoderen de ellas. Cuando la policía les tiró gases lacrimógenos, respondieron con arcos y flechas.
El mes pasado, el Congreso aprobó dos medidas para transformar 566.000 hectáreas de tierras protegidas, la mayor parte en la Amazonia, en zonas abiertas a la tala de árboles, la minería y la agricultura. Un análisis del Instituto para la Investigación Ambiental de la Amazonia calcula que el levantamiento de las protecciones puede derivar en la pérdida de 280.000 hectáreas de bosques para el 2030 y la emisión de 140 millones de toneladas de dióxido de carbono.
Temer ya había impuesto mediante decretos presidenciales versiones más moderadas de estas medidas, pensadas para compensar en parte la creación de nuevas áreas protegidas.
Pero las enmiendas del Congreso hacen que las medidas sean inaceptables incluso al propio ministro del medio ambiente de Temer, quien recomendó al presidente que las vete, diciendo que pueden impedir los esfuerzos para combatir la deforestación y cumplir los compromisos del acuerdo de París.
Brasil se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la reducción de la deforestación, que está aumentando de nuevo después de años de progresos.
La deforestación de la Amazonia aumentó un 29% el año pasado en relación con el año previo, según mediciones satelitales del gobierno. En los bosques sobre el Atlántico, la deforestación subió un 58% en el 2016.
El presidente tiene hasta el 19 de junio para vetar las medidas, las cuales no solo legalizarían la deforestación, sino que podrían aumentar los incentivos para la tala ilegal de árboles, ya que legalizan las incursiones de agricultores y ganaderos en áreas protegidas.
“Los ganaderos sienten que pueden actuar con impunidad y que sus intereses son protegidos por los tribunales y por la rama ejecutiva”, expresó Cleber Buzatto, secretario ejecutivo del Consejo Misionero Indígena, una organización de la Iglesia Católica.
Estas incursiones han dado paso a un aumento de la violencia que no se veía en años. Al menos 39 personas murieron en conflictos por la tierra en lo que va del año, según la Comisión Pastoral de la Tierra, que estudia la violencia. A este paso, se superarían las muertes del 2016, en que hubo 61, la cifra más alta desde el 2003.
Otra medida en el Congreso relajaría las estrictas leyes para conceder licencias, que requieren evaluaciones del impacto de un proyecto sobre el medio ambiente. La propuesta bajo estudio contempla numerosas exenciones.
El Frente Parlamentario para el Agro, que representa el bloque rural, dice que la propuesta genera flexibilidad pues contrarresta medidas que castigan a los empresarios porque son ambiguas y la aprobación de proyectos puede tomar años.
Los detractores de estas propuestas dicen que le dan demasiado poder a los estados y las municipalidades.
El proyecto de ley estuvo estancado en el Congreso por una década, pero se preparó una nueva versión a la que se le dio el status de “urgente”, lo que evita que necesite la aprobación de comisiones legislativas.
El ministro del medio ambiente Sarney Filho prepara un proyecto alternativo que según el gobierno toma en cuenta los intereses de otros sectores.
