ICE violó los derechos de un ciudadano estadounidense y de otras 21 personas durante arrestos
Agentes federales de inmigración violaron los derechos de 22 personas, incluido un ciudadano estadounidense, en arrestos realizados durante las primeras semanas del segundo mandato del presidente Donald Trump, denunciaron el lunes activistas y abogados de Chicago.
Los arrestos presuntamente violan un acuerdo de 2022 entre grupos de Chicago y el gobierno federal que detalla cómo los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) pueden realizar » arrestos colaterales «, en los que los agentes detienen a otras personas además de las que están siendo vigiladas. El acuerdo, tras una demanda por las redadas migratorias de 2018, abarca Illinois, Indiana, Kansas, Misuri, Kentucky y Wisconsin, estados que dependen de la oficina de ICE en Chicago.
“Cada vez que escuchas a este gobierno hablar sobre cómo están deteniendo a pandilleros, terroristas, a los peores de los peores, necesitas ser realista”, dijo Mark Fleming, abogado del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, en una conferencia de prensa. “Hay que investigar más a fondo para entender exactamente a quién están arrestando”.
El NIJC detalló las presuntas violaciones en una denuncia federal presentada la semana pasada en nombre de grupos de defensa de derechos de los inmigrantes en Chicago. Entre otras cosas, el acuerdo establece que los agentes del ICE solo pueden realizar arrestos sin orden judicial cuando tengan pruebas de la probabilidad de fuga de una persona.
ICE declinó hacer comentarios el lunes, citando litigios pendientes.
La aplicación agresiva de las leyes migratorias ha sido fundamental en la agenda de la administración Trump, especialmente en lugares como Chicago, a menudo conocidos como ciudades santuario debido a que limitan la cooperación entre los agentes federales de inmigración y la policía local. Para enviar un mensaje, la administración Trump reunió a altos funcionarios de inmigración en Chicago en enero para iniciar un operativo de control con cámaras grabando en directo.
Pero ha habido detalles limitados sobre cómo se están llevando a cabo los arrestos y qué prácticas se están utilizando.
Si bien el acuerdo de 2022 se aplicó solo a seis estados, la nueva demanda federal podría tener implicaciones a nivel nacional. Por ejemplo, defensores de otros estados podrían sumarse a la iniciativa.
De los arrestados, uno fue deportado, 19 quedaron en libertad bajo fianza y uno era ciudadano estadounidense, liberado tras permanecer esposado durante horas. La mayoría de los denunciados no tienen antecedentes penales, salvo una persona acusada de conducir bajo la influencia del alcohol, según los abogados.
Entre los detenidos se encuentra Abel Orozco Ortega, un hombre de 47 años que fue arrestado el 26 de enero cuando regresaba a su casa en un suburbio de Chicago tras comprar tamales para su familia. Según la denuncia, el ICE buscaba a uno de sus hijos, de veintitantos años y con el mismo nombre. Ortega, quien se encuentra en Estados Unidos sin autorización, permanece detenido en Indiana.
Los familiares declararon el lunes que Ortega no tiene antecedentes penales. Su esposa padece cáncer de mama, según informaron, y han tenido dificultades para pagar la hipoteca sin él.
“Todos somos humanos, merecemos ser tratados como tales”, dijo su hijo Eduardo Ortega, ciudadano estadounidense, en una conferencia de prensa.
Doce de los arrestos se produjeron durante una redada migratoria realizada el 7 de febrero en un restaurante mexicano en Liberty, Misuri, donde agentes armados interrogaron a los empleados durante horas antes de la hora punta del almuerzo. La denuncia alega que los agentes no tenían causa probable para que los individuos huyeran antes de que se pudiera emitir una orden judicial.
El gobierno federal tiene hasta principios de abril para responder ante los tribunales. El acuerdo actual vence en mayo.
