Incertidumbre y batallas legales, los funcionarios estadounidenses entre dos fuegos
Los funcionarios de Estados Unidos se enfrentan a un nuevo plazo este lunes, con la posibilidad de aceptar o no las condiciones de renuncia propuestas por el presidente Donald Trump, mientras que los jueces decidir si la oferta es legal.
Con el fin de reducir drásticamente el gasto público federal, Trump y su consejero Elon Musk han propuesto a los dos millones de funcionarios condiciones para dimitir, según ellos «muy generosas», con un salario garantizado hasta septiembre, entre otras cosas, para incentivarlos a dejar sus puestos.
Tienen una fecha límite. De no pronunciarse se arriesgan a posibles despidos como ha dado a entender Musk, al frente de una Comisión para la eficiencia gubernamental llamada DOGE.
Este enfoque ha desencadenado una lluvia de demandas judiciales.
Además, los demócratas denuncian lo que consideran un intento ilegal de reforzar el poder ejecutivo. Para contrarrestarlo han lanzado este lunes un portal para que los denunciantes puedan señalar cualquier acción potencialmente ilegal de Musk y los miembros de la DOGE.
La batalla judicial se intensificó el sábado, cuando un juez prohibió a los equipos de DOGE acceder a los datos fiscales de todos los estadounidenses en poder del departamento del Tesoro, una decisión contra la cual el gobierno apeló el domingo, considerando que era «ilícita» e «inconstitucional».
Los equipos del jefe de Tesla han adoptado un enfoque particularmente agresivo contra varias agencias federales, congelando los programas de ayudas e imponiendo importantes reducciones de personal a través de planes de renuncia y amenazas de despido cuya legalidad plantea interrogantes.
Artífice de los esfuerzos para reducir la huella del Estado federal en el llamado «Proyecto 2025», Russ Vought anunció el fin de semana la congelación de las actividades de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), cuya misión es proteger a los clientes de los bancos de posibles abusos, pero que los republicanos han criticado desde su creación, tras la crisis financiera de 2008.
El plan de dimisión propuesto a los funcionarios se anunció el 28 de enero en un correo electrónico enviado a todas las agencias y titulado «encrucijada», una fórmula ya empleada por Musk para los empleados de Twitter cuando compró la red social.
La fecha límite se fijó para el 4 de febrero, pero los sindicatos, que representan a 800.000 funcionarios, presentaron un primer recurso contra la oferta ante un juez federal de Boston, quien aceptó estudiar el caso y fijó la primera audiencia para el lunes a las 14H00 (19H00 GMT).
La Oficina de Gestión de Personal del Gobierno (OPM) ha decidido posponer la fecha límite hasta el lunes a las 23H59.
– Ni cancelado ni bloqueado –
En un mensaje en X, la OPM aseguró que el plan de renuncia «no se ha cancelado ni bloqueado» y la Casa Blanca instó a los funcionarios a considerar «esta oferta tan generosa».
Según los medios estadounidenses, aproximadamente 65.000 funcionarios aceptaron las condiciones de renuncia durante la primera semana de febrero.
Esto representa aproximadamente el 3% de la masa salarial federal. La Casa Blanca se ha fijado como objetivo entre el 5% y el 10% de funcionarios.
Los sindicatos insisten en que, sin un acuerdo del Congreso sobre el uso del presupuesto federal, este acuerdo no tiene ningún valor, especialmente dado que el presupuesto actual es solo temporal y no va más allá de mediados de marzo, debido a la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas a finales de año.
«La voluntad de la OPM de obtener una renuncia general de funcionarios federales es un acto increíblemente arbitrario y radical», escribieron los abogados de los sindicatos en su recurso. Subrayan que el gobierno «ni siquiera ha intentado defender -si pueden- que esta directiva es la consecuencia de un proceso de decisión racional».
