04 de abril de 2020Actualizado
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Juez prohíbe detención de inmigrantes

Cuando vayan a entrevistas de matrimonio con USCIS.

Juez prohíbe detención de inmigrantesEl matrimonio de Elmer y Alysa Sánchez estuvo al borde del desastre cuando Elmer fue detenido tras una entrevista en USCIS que verificó que su unión con Alysa era legítima. Foto: AP.

Jossmar Castillo
Washington Hispanic

Seis parejas de Maryland recibieron el mejor regalo de San Valentín que se hayan podido imaginar cuando un juez federal detuvo los procesos de deportación que pesaban sobre ellos, luego de que fueron arrestados cuando se presentaron a las oficinas para probar la legitimidad de sus matrimonios con ciudadanos estadounidenses.

El fallo del juez George J. Hazel también ordenó la liberación de aquellos a quienes la detención les impidió incluso realizar el primer paso para obtener una residencia legal.

“Ésta orden es de interés público porque requiere que los demandados cumplan con sus propias normas y reglamentos, prohíbe la acción arbitraria de la agencia hacia comunidades inmigrantes vulnerables y disminuye el impacto emocional y financiero en las familias que participan en el proceso de exención provisional”. Hazel escribió.

Una de estas parejas que recibió la noticia con alivio fueron Elmer y Alyse Sánchez, de Frederick Maryland. Elmer fue detenido en Baltimore en mayo del año pasado incluso cuando un funcionario había establecido que su matrimonio con Alyse, que ocurrió en 2013, era legítimo. El hombre originario de honduras permaneció detenido un mes. “No voy a abandonar a mi esposa”, era lo que pensaba Sánchez durante ese momento.

Estos arrestos, denunciados por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), se registraron cuando los cónyuges fueron a las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (USCIS) en la ciudad de Baltimore. A pesar de que la ley permite una regulación de estatus migratorio cuando alguien indocumentado se casa con un ciudadano, las autoridades detenían a los cónyuges.

Seis parejas de Maryland recibieron el mejor regalo de San Valentín que se hayan podido imaginar cuando un juez federal prohibió a los funcionarios de migración detener y deportar a las personas que se presentan a sus oficinas en busca de modificar su estatus migratorio al casarse con ciudadanos estadounidenses.

Estos arrestos, denunciado por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), se registraron cuando los cónyuges fueron a las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (USCIS) en la ciudad de Baltimore. A pesar de que la ley permite una regulación de estatus migratorio cuando alguien indocumentado se casa con un ciudadano, las autoridades estaban realizando arrestos.

El fallo del juez George J. Hazel también ordenó la liberación de aquellos a quienes la detención les impidió incluso realizar el primer paso para obtener una residencia legal.

La familia Sánchez vivió en carne propia esta práctica el año pasado.

Durante una entrevista que tuvo lugar en mayo del año pasado, un funcionario de USCIS determinó que el matrimonio entre él y su esposa Alyse era legítimo. Han estado casados desde el 2013. Las autoridades argumentaron que lo detuvieron porque el hombre, originario de Honduras, no se presentó a una audiencia de deportación que tenía pendiente. Sánchez dijo que nunca recibió una notificación.

Elmer Sánchez pasó un mes detenido antes de que ACLU demandara al Departamento de Seguridad Nacional y lograran su liberación.

“Ésta orden es de interés público porque requiere que los demandados cumplan con sus propias normas y reglamentos, prohíbe la acción arbitraria de la agencia hacia comunidades inmigrantes vulnerables y disminuye el impacto emocional y financiero en las familias que participan en el proceso de exención provisional”. Hazel escribió.

Hasta el momento el juez no se ha pronunciado en la demanda que ACLU presentó en representación de las parejas afectadas, pero sus abogados tienen “esperanzas sobre el fallo y creemos que es un paso en la dirección correcta para reconocer que los inmigrantes también tienen protecciones constitucionales”.

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