Policía de EEUU sopesa la reventa de armas confiscadas
AP
Washington Hispanic
Kyle Juhl hizo un último intento de arreglar las cosas con su prometida, se quitó el anillo, se puso una pistola en la cabeza y apretó el gatillo mientras su novia y la madre de ella salían corriendo del apartamento. La bala atravesó una pared y por poco le da en la cabeza a una vecina que se agachó para cargar a su hijito.
La Smith & Wesson 9 mm que utilizó Juhl para matarse en Yakima en 2014 era conocida para la policía: la Patrulla Estatal de Washington incautó esa arma años antes mientras investigaba un crimen y luego arregló su venta nuevamente al público. Al final, cayó en manos de Juhl, ilegalmente.
Es el temor a tragedias como esa, o algo peor, lo que ha creado una división entre las autoridades sobre la reventa de armas confiscadas por los departamentos de policía, una práctica de larga data permitida en la mayoría de los estados.
El arma de Juhl figuraba entre casi 6.000 que fueron utilizadas en crímenes y luego vendidas por las autoridades de Washington desde 2010, según un análisis de The Associated Press. Más de una decena de esas armas luego aparecieron en nuevas investigaciones criminales dentro del estado, de acuerdo con un análisis anual de AP que utilizó cientos de registros públicos para hacer coincidir los números de serie.
Las armas fueron utilizadas para amenazar a personas, incautadas en lugares de reunión de pandillas, descubiertas en casas de drogas, en manos de delincuentes convictos que las poseían ilegalmente, escondidas en automóviles robados o arrebatadas a un hombre detenido por un comportamiento errático.
Si bien esas decenas de pistolas representan un porcentaje extremadamente pequeño de las armas de fuego revendidas, algunos departamentos de policía afirman que la ley no debería hacer nada para devolver las armas a la calle. La AP no analizó cuántas de las armas revendidas figuraban en crímenes cometidos fuera del estado, por lo que la cantidad real de armas mal utilizadas podría ser mayor.
De manera similar, la Asociación Internacional de Jefes de Policía considera que las armas confiscadas deberían ser destruidas porque ponerlas nuevamente en circulación «aumenta la disponibilidad de armas de fuego que podrían usarse nuevamente para matar o herir a más policías y ciudadanos». Además, las agencias federales deben destruir las armas de fuego incautadas a menos que sean necesarias como evidencia o utilizadas por la agencia.
