Senado da luz verde a prioridades de Virginia
Víctor Caycho
Washington Hispanic
En una rara decisión, los senadores republicanos y demócratas se pusieron de acuerdo en el Capitolio federal para aprobar una legislación bipartidista que dará luz verde a importantes proyectos considerados prioritarios en Virginia.
Por 84 votos a favor y sólo 9 en contra, la Cámara Alta aprobó el paquete de asignaciones para el año fiscal 2020 de Virginia, según anunciaron los senadores Mark Warner y Tim Kaine, dos de los propulsores de la iniciativa.
“Esta legislación –explicó Warner- otorga por ejemplo los recursos necesarios, unos $76 millones, para la restauración de la Bahía de Chesapeake que está en marcha y respalda las inversiones de unos 150 millones de dólares para el sistema de transporte Metro, que son críticas para la región”.
Asimismo, destacó el otorgamiento de $23 mil 600 millones en fondos para los programas de nutrición infantil y que ayuda a miles de familias de todo el estado. Ellas incluyen el popular EBT, que apoya a que las comunidades locales participen en varios planes de servicio de alimentación para niños y sus padres durante el verano.
Por su parte, el senador Kaine se manifestó orgulloso de haberse aprobado este financiamiento federal, “el cual fortalecerá las grandes prioridades de Virginia, como promover una más saludable Bahía de Chesapeake, mejorar el servicio de transporte a la población y respaldar el desarrollo económico de nuestras comunidades”.
Ambos senadores también dijeron estar satisfechos porque la legislación bipartidista contempla la implementación de la denominada “Alerta Ashanti”, la cual crea un sistema de alerta para localizar a adultos desaparecidos o en peligro cuyas edades oscilen entre 18 y 64 años.
“Tengo la esperanza de que mis colegas, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado continuarán luchando para asegurar que la implementación de la Alerta Ashanti sea una prioridad de la actual Administración”, señaló Warner.
Explicó que este sistema obliga al Departamento de Justicia a proveer al Congreso un reporte progresivo de dicha implementación, no más de 30 días después que la ley sea promulgada.
