Liberan a otra salvadoreña sentenciada a 30 años por aborto
AP
Washington Hispanic
Tras pasar 15 años en prisión, la Corte Suprema de Justicia salvadoreña conmutó la pena de 30 años de cárcel a una mujer que alega que sufrió un aborto espontáneo pero fue condenada por homicidio agravado.
Esta es la segunda mujer que es beneficiada por el máximo tribunal de justicia de El Salvador en un caso similar.
De acuerdo con la resolución del máximo tribunal, se sustituyó la pena original por la de 15 años que la mujer pasó en el Centro de Readaptación para Mujeres en Ilopango, en la periferia este de la capital.
“Ahora voy a empezar de nuevo y recuperar el tiempo perdido”, dijo Maira Verónica Figueroa Marroquín al salir de la cárcel donde la esperaban sus familiares y miembros de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico y Eugenésico.
Ella era una de las más de 25 mujeres que aseguran han sido encarceladas injustamente y al cruzar el portón principal de la cárcel reiteró su inocencia y dijo que ya en libertad “voy a seguir apoyando a las mujeres que siguen adentro pagando por algo que no cometimos”.
“Celebramos la libertad de Maira Verónica, una mujer que después de 15 años de cárcel por un crimen que no cometió hoy puede empezar a reconstruir su vida”, manifestó Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana.
Figueroa Marroquín, de 34 años, quedó embarazada en 2003 y poco antes de que su embarazo llegara a término, mientras se desempeñaba como trabajadora doméstica, experimentó complicaciones que la llevaron a sufrir una emergencia obstétrica. Fue procesada por homicidio agravado y según la Agrupación Ciudadana, sin testigos o pruebas directas y la falta de una “defensa legal adecuada” fue condenada a 30 años de prisión.
El 31 de enero, la defensa de la mujer solicitó la conmutación de la pena para Figueroa Marroquín y dos meses después la Corte Suprema resolvió reducir la condena a 15 años de cárcel.
En un comunicado de prensa enviado a la AP, Nancy Northup, presidenta y directora general del Centro de Derechos Reproductivos, declaró que “mientras que hoy celebramos la liberación de Maira, denunciamos al gobierno de El Salvador por no reconocer las violaciones al debido proceso y por no reconocer su inocencia”.
“Es inconcebible que Maira haya pasado 15 años en prisión por sufrir un a emergencia obstétrica. Aunque ha sido liberada, su condena no ha sido revocada y sigue siendo culpable ante los ojos de la ley”, agregó.
En lo que va del año, Maira ha sido la segunda mujer a la que el Estado salvadoreño conmuta la pena de 30 años de prisión tras sufrir un aborto y ser condenada por homicidio agravado.
De acuerdo con cifras del colectivo feminista, cada año hay más de 25.000 mujeres embarazadas después de sufrir violaciones. Sin embargo, junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana, El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones.
La legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico, y de realizarlo tanto las mujeres como los médicos serían juzgados en los tribunales de justicia. De ser culpables podrían ser enviados a la cárcel de dos a ocho años.
No obstante, en casos como el de Maira, si el delito se cambia a homicidio agravado, aquel provocado en razón del parentesco de la víctima y el victimario, estas mujeres pueden ser condenadas a entre 30 y 50 años de cárcel.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico y Eugenésico, ha señalado que en El Salvador las mujeres procesadas por abortos son amas de casa, empleadas domésticas, estudiantes, obreras o vendedoras ambulantes.
El Congreso salvadoreño estudia una reforma al Código Penal para que se apruebe la despenalización del aborto, pero la discusión se ha estancado ante la oposición de los partidos políticos.
