Cuatro jueces de inmigración del estado de Washington se adelantaron años a un cambio radical en la aplicación de la ley de inmigración que ha revertido una larga tradición estadounidense.
La denegación de fianza a muchos detenidos por cargos de inmigración ha dado lugar a decenas de miles de demandas desde julio, en las que se alegan violaciones de los derechos constitucionales contra el confinamiento ilegal. El gobierno de Trump sufrió un revés legal este mes cuando un tribunal de apelaciones anuló su política, después de que otros dos tribunales de apelaciones la respaldaran, lo que probablemente augura un enfrentamiento ante la Corte Suprema.
Esta práctica ya se venía aplicando desde hacía años en Tacoma, donde los jueces de inmigración del Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste comenzaron a denegar la fianza a principios de esta década. Pocos, salvo los abogados de inmigración de la zona, se percataron de ello. Pero cuando la administración Trump adoptó esta teoría el año pasado, se hizo eco del razonamiento de los jueces.
Los jueces de Tacoma decidieron que el Congreso nunca los autorizó a otorgar fianzas.
Neil Floyd, el único de los cuatro jueces de Tacoma que accedió a hablar con Associated Press, dijo que los secretarios judiciales investigaron el asunto durante unos seis meses antes de que los jueces decidieran que el Congreso nunca los autorizó a conceder la fianza.
“Tomamos la decisión de hacerlo de forma colectiva porque era una decisión demasiado importante como para que alguien la tomara por su cuenta”, dijo Floyd, quien se convirtió en el principal fiscal federal de Seattle durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.
Los jueces se basaron en una ley de 1996 que establece que los solicitantes de admisión a Estados Unidos deben ser detenidos. Durante mucho tiempo, esta ley se interpretó como aplicable a personas que habían cruzado la frontera recientemente sin permiso legal. Quienes residían en el país desde hacía años se regían por una ley diferente que permitía audiencias para la fijación de fianzas.
Puede que los jueces de Tacoma parezcan figuras poco probables para liderar un cambio tan radical. Si bien los cuatro —Theresa Scala, la jueza principal de Tacoma en aquel entonces; John Odell; Tammy Fitting; y Floyd— comenzaron sus carreras como abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, cada uno de ellos concedió asilo a tasas ligeramente superiores al promedio nacional.
Floyd, quien dejó Tacoma después de que Trump asumiera el cargo el año pasado para asesorar al FBI sobre la ley de inmigración antes de pasar a su puesto actual, dijo que la conclusión de los jueces era una cuestión de justicia basada en la ley.
“Es la interpretación correcta de la ley, y es la única justa, porque si uno entra a Estados Unidos de la manera correcta, viniendo y llamando a la puerta para pedir asilo en un puerto de entrada, la ley es totalmente clara”, dijo Floyd. “Y desde el principio, se le detiene hasta que decidimos si le permitimos la entrada o no”.
Los abogados de inmigración de Tacoma quedaron estupefactos. Buscaron por todo el país algo similar y no encontraron nada.
“Desde nuestra perspectiva, se trató de una maniobra claramente enjuiciadora para mantener a la gente encarcelada”, declaró Matt Adams, abogado del Northwest Immigrant Rights Project, que presentó una demanda por esta práctica. Aún no se ha fijado fecha para el juicio.
La demanda, presentada en marzo de 2025, alega que los jueces de Tacoma ignoraron décadas de precedentes.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia, que gestiona más de 70 tribunales de inmigración en todo el país, no respondió a las solicitudes de comentarios.
La administración Trump adoptó la teoría jurídica de los jueces.
En julio, el ICE anunció un cambio importante que refleja la opinión de los jueces de Tacoma, al afirmar que los inmigrantes que han estado en los EE. UU. durante años son "solicitantes de admisión" si no entraron legalmente al país y, como resultado, estuvieron sujetos a detención obligatoria.
Comenzó a argumentar en contra de todas las audiencias de fianza. La Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia, que establece las políticas para los tribunales, estuvo de acuerdo con los argumentos del ICE en septiembre.
El número de personas bajo custodia del ICE prácticamente se duplicó el año pasado, alcanzando un máximo de alrededor de 75 000 en enero. El ICE planea invertir 38 300 millones de dólares para aumentar la capacidad de detención a 92 300 camas para finales de noviembre, principalmente mediante la apertura de almacenes, o “megacentros”, con capacidad para albergar hasta 10 000 personas cada uno. Los jueces afirman que las redadas masivas del ICE han agravado la situación.
Antes podían optar a la libertad bajo fianza, pero ahora unos dos millones de inmigrantes se enfrentan a la detención obligatoria si son arrestados. Según un recuento de Associated Press, los inmigrantes detenidos han presentado más de 40.000 demandas desde que Trump regresó al cargo hace 16 meses.
La vida de los inmigrantes se ve alterada.
A pesar de la postura del gobierno de Trump, muchos inmigrantes han tenido éxito en los tribunales. Algunos jueces federales han ordenado su liberación inmediata, mientras que otros han remitido los casos a los tribunales de inmigración para las audiencias de fianza.
Víctor Cruz, un trabajador de mantenimiento de Portland, Oregón, pasó 24 días en el centro de detención de Tacoma tras ser arrestado por agentes del ICE sin orden judicial. Un juez de inmigración le concedió una audiencia para obtener la libertad bajo fianza y fue liberado en octubre. Ganó su caso de inmigración en febrero.
Cruz, de 56 años, tiene familiares directos que son ciudadanos estadounidenses y pasa los fines de semana jugando con sus nietos. Guarda una carpeta en su coche con todos sus documentos de inmigración, temeroso de que las autoridades migratorias puedan detenerlo de nuevo. Comentó que conoció a personas detenidas que llevaban allí “seis o nueve meses”.
Un viernes reciente en Tacoma, Fitting, uno de los cuatro jueces originales, celebró audiencias de fianza por orden de un juez federal.
La jueza denegó la fianza a un lavaplatos de Oregón con una condena por conducir ebrio en 2002. Sin embargo, concedió una fianza de 14.000 dólares a otro inmigrante sin antecedentes penales, aunque afirmó que su camino hacia la regularización de su situación es incierto.
