El fiscal general de Virginia, Jay Jones, se unió el martes a otros 21 estados para oponerse a una propuesta de norma del Servicio Postal de los Estados Unidos que permitiría el envío de ciertas armas de fuego por correo, advirtiendo que el cambio podría socavar las leyes estatales sobre armas y facilitar que personas con antecedentes penales obtengan armas. En una carta de comentarios conjunta de varios estados , los fiscales generales argumentan que la propuesta es ilegal y crearía lo que describen como una peligrosa laguna legal en la ley federal que ha restringido el envío por correo de armas de fuego ocultables durante casi un siglo.
“Esta laguna legal pone armas en manos de quienes, según la ley de Virginia, tienen prohibido comprarlas, y permite que la gente eluda descaradamente las verificaciones de antecedentes y acceda a armas de fuego ilegales”, declaró Jones en un comunicado. “El gobierno federal sigue socavando la ley y, al hacerlo, pone en riesgo a nuestras comunidades”.
La disputa surge a raíz de un dictamen emitido en enero de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, que concluyó que una ley federal de larga data que restringe el envío por correo de ciertas armas de fuego es inconstitucional. “Mientras el Congreso decida gestionar un servicio de paquetería, la Segunda Enmienda le impide negarse a enviar armas de fuego protegidas por la Constitución a ciudadanos respetuosos de la ley, incluso si no son fabricantes o distribuidores autorizados”, afirma la opinión.
El departamento declaró que dejaría de hacer cumplir la ley y ordenó al Servicio Postal que adaptara su normativa en consecuencia. El 2 de abril, el Servicio Postal publicó una propuesta de reglamento que se ajustaría a esas directrices, lo que provocó la oposición de una coalición de estados, entre ellos Virginia, que afirman que el poder ejecutivo carece de autoridad para anular una ley promulgada por el Congreso en 1927.
En su carta, los fiscales generales sostienen que la ley sigue siendo válida y aplicable, señalando que nunca ha sido declarada inconstitucional por un tribunal. Argumentan que permitir el envío de armas de fuego por correo sin pasar por distribuidores autorizados eludiría los requisitos de verificación de antecedentes y aumentaría el acceso a personas a las que se les prohíbe poseer armas, incluidos delincuentes y maltratadores domésticos.
Los estados también advierten que el cambio podría complicar las investigaciones criminales al debilitar los sistemas de rastreo de armas de fuego existentes. Sin datos federales de rastreo vinculados a vendedores autorizados, las fuerzas del orden podrían enfrentar mayores costos y nuevos desafíos logísticos para rastrear las armas utilizadas en delitos.
La propuesta supondría un cambio significativo en la forma en que las armas de fuego se transportan entre estados. Actualmente, la ley federal limita el envío de armas ocultables a través del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), mientras que las empresas de mensajería privadas, como UPS, operan bajo sus propias políticas y obligaciones legales con respecto al envío de armas de fuego.
Según la carta, el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) "no reconoce ninguna obligación legal" de garantizar que los paquetes cumplan con las diversas leyes estatales que rigen la compra y transferencia de armas de fuego, lo que genera preocupación sobre posibles lagunas en la aplicación de la ley si la norma entra en vigor. Los fiscales generales argumentan además que la Segunda Enmienda no exige que el Servicio Postal permita el envío de armas de fuego, porque la ley federal subyacente regula únicamente el envío de armas por correo, no el derecho a poseerlas.
También hacen referencia a precedentes históricos, señalando que las armas de fuego estuvieron en gran medida excluidas del correo durante gran parte de la historia del país. Más allá de las cuestiones legales, los estados afirman que la propuesta podría tener consecuencias financieras.
Advierten que las agencias policiales estatales y locales podrían necesitar desarrollar nuevos sistemas de seguimiento para monitorear las armas de fuego enviadas por correo, lo que agravaría la ya ajustada situación presupuestaria. La carta describe escenarios en los que las personas a las que la ley estatal prohíbe poseer armas de fuego —incluidas aquellas con antecedentes penales por delitos graves o sujetas a órdenes de restricción— podrían obtener armas enviadas desde otros estados, incluyendo potencialmente armas de fuego que están prohibidas en su lugar de residencia.
Virginia se unió a un grupo de estados liderado por Nueva Jersey, Nueva York y Delaware para firmar la carta. Otros estados que la firmaron son Arizona, California, Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.
El debate surge en medio de disputas nacionales más amplias sobre la política de armas y la autoridad federal, ya que los estados continúan adoptando diferentes enfoques para la regulación de las armas de fuego. En Virginia, la gobernadora Abigail Spanberger enmendó y promulgó el mes pasado un amplio paquete de leyes sobre armas de fuego, lo que supone una de las reformas más significativas de las leyes de armas de fuego de Virginia en años.
Los cambios aclaran la prohibición de la venta futura de ciertas armas de fuego semiautomáticas de asalto, restablecen las verificaciones de antecedentes para las ventas privadas, elevan la edad mínima para algunas compras a 21 años e imponen nuevos requisitos de almacenamiento seguro, al tiempo que amplían las restricciones sobre los lugares donde se pueden portar armas en público. Al mismo tiempo, los legisladores de todo el país están lidiando con la forma en que se compran, venden y transportan las armas de fuego, especialmente a medida que los mercados en línea y las transacciones interestatales se vuelven más comunes.
La propuesta del Servicio Postal sigue en proceso de elaboración de normas, y aún no está claro si la agencia revisará la medida, ni cómo lo hará, en respuesta a las objeciones de los estados.
