Milicia salvadoreña niega archivos de niños desaparecidos
AP
Washington Hispanic
Algunos quisieran olvidar lo que sucedió en la guerra, pero en El Salvador también hay quienes esperan justicia. Para ellos las heridas siguen abiertas y exigen conocer el paradero de los niños que perdieron en los años 80 mientras huían de las explosiones durante los combates entre guerrilleros y militares
El tema no ha perdido vigencia desde que terminó la guerra civil en 1992. Hace unos días, el caso de las hermanas Gladys Suleyma y Norma Clímaco Rivas volvió a cobrar relevancia cuando se dio a conocer que la Corte Suprema respaldó a la madre de las menores para indagar en su desaparición. Ella había señalado que la ausencia de sus hijas fue responsabilidad de las fuerzas armadas y el organismo dictó una sentencia a su favor en diciembre, aunque la noticia se dio a conocer hace unas semanas.
Sin embargo, la presión que han ejercido las familias de las víctimas —apoyadas por organismos internacionales y locales— no ha conseguido que las fuerzas armadas abran sus archivos para indagar en la desaparición forzada de menores durante el conflicto.
La Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, creada tras la firma de la paz en 1992, estima que hubo unas 5.000 desapariciones forzadas durante la guerra civil (1980-1992) y con el trabajo de familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos se logró documentar casi 3.000 adicionales, lo que permitiría estimar que la cifra total rondaría los 10.000. Y aunque no hay cifras oficiales, organismos civiles estiman que unos 3.000 de estos desaparecidos serían menores de edad.
En los últimos seis meses, la Corte salvadoreña emitió dos sentencias que apoyan a familias que desean conocer el paradero de sus menores desaparecidos. En la que concierne al caso de las hermanas Clímaco Rivas, se ordenó al ministro de la Defensa y al Jefe del Estado Mayor Conjunto que entregaran datos relacionados con el operativo militar “Mario Azenón Palma”, donde según su madre habrían desaparecido Gladys y Norma, de seis y siete años respectivamente.
Aunque todas las sentencias de la Corte son de estricto cumplimiento, ninguno de los dos funcionarios ha dado respuesta.
El organismo resolvió que si continúa la negativa se informaría al presidente Salvador Sánchez Cerén para presionar a la institución y pidió a la Fiscalía General que investigue el caso e informe cada tres meses sobre las gestiones.
Según la denuncia hecha por su madre —Nicolasa—, Gladys y Norma desaparecieron en agosto de 1982 en el departamento de San Vicente, pero el ministro de la Defensa ha asegurado que tras “haber realizado la búsqueda en los archivos institucionales se ha podido establecer que no se encuentran documentos y registros de ningún tipo relacionados al supuesto operativo”.
La AP contactó al Ministerio de Defensa pero no ha recibido comentarios sobre la situación hasta el momento.
De acuerdo con Eduardo García, que ha apoyado a Nicolasa y es director ejecutivo de Pro-Búsqueda —asociación enfocada en la desaparición de menores durante la guerra—, aunque la milicia salvadoreña niega que haya información relacionada con este caso, tanto la Comisión Interamericana de Derechos y Humanos (CIDH) como la Corte Suprema lo han confirmado.
Según la sentencia, hay “datos suficientes y coincidentes” para asegurar que ambas estaban en el lugar durante el operativo y “que fueron desaparecidas involuntariamente a manos de elementos militares”. Además se subraya que la desaparición de las niñas ocurrió en el lugar y fecha indicados por su madre y Pro-Búsqueda.
“Para pensar en una reconciliación del país no basta con decir que las heridas están cerradas, esas heridas están latentes. Hay personas vivas que están privadas de libertad”, agregó Eduardo García.
Durante la guerra, los militares trataban de aislar a los rebeldes de la población civil para que no tuvieran acceso a alimentos o medicinas.
Las operaciones incluían bombardeos, ataques a pobladores y masacre de civiles. Lo anterior fue documentado en 1993 por Naciones Unidas.
Al huir, las mujeres, ancianos y menores quedaban atrás porque no podían caminar demasiado. Después de los combates, los padres volvían a buscar a sus hijos entre los cadáveres, pero era común que no los encontraran. Según familiares y defensores de los derechos humanos como Pro-Búsqueda, fueron llevados por los militares.
“Nosotros Íbamos huyendo con un montón de familias cuando fuimos detectados por los batallones elites, el ejército nos bombardeó, ametralló y desembarcó tropas, allí me mataron mi hija de ocho años y me desaparecieron una de seis años”, narró a The Associated Press José Laínez Ayala, un salvadoreño de 61 años también originario de San Vicente.
“Cuando terminó el operativo militar, regresamos. Buscamos y buscamos a las niñas, encontramos muerta a mi hija de ocho años y a ella (Imelda) no pudimos encontrarla porque prácticamente se la llevó el ejército”, aseguró el hombre.
A diferencia de países como Argentina, El Salvador no ha revelado información oficial que permita saber con precisión qué sucedió con los menores tras su desaparición, pero investigaciones independientes han arrojado algunas hipótesis. Según Pro-Búsqueda, existen casos en que los militares se apropiaban de los niños y los registraban como propios.
En otros casos, según explicó García, eran entregados a otras familias, empleados como servidumbre, regalados en un pueblo, o eran remitidos a la Cruz Roja antes de terminar en orfanatos.
En 2013, la AP entrevistó a Gregoria Herminia Contreras, quien fue separada de sus padres cuando tenía cuatro años para ser adoptada a la fuerza por un soldado que la registró con un nuevo apellido y la llevó a su casa durante la guerra civil.
En aquel entonces, la CIDH declaró que las desapariciones de Contreras, sus dos hermanos y otros tres menores fueron perpetradas por miembros de la fuerza armada entre 1981 y 1983. La CIDH condenó al Estado por el secuestro y El Salvador reconoció la responsabilidad y pidió perdón por el crimen.
En Pro-Búsqueda consideran que los casos que involucran a militares podrían multiplicarse si el Ministerio de la Defensa hiciera públicos los archivos, que darían cuenta de los responsables de las operaciones castrenses durante la guerra.
Desde su creación en 1994, esta asociación ha documentado 881 denuncias de familiares de infantes desaparecidos y otros 200 casos fueron presentados por jóvenes que han sido adoptados en el extranjero y desean conocer a sus familiares. Hasta ahora, la asociación ha podido establecer la identidad de 442 personas mediante pruebas de ADN y considera que unos 3.000 niños pudieron haber desaparecido durante la guerra, aunque no estima cuántos de éstos pudieron terminar en hogares militares.
Pro-Búsqueda tiene un banco con información genética de familiares de menores desaparecidos y aún tiene más de 500 denuncias por aclarar.
