Maryland se suma a la demanda contra la administración Trump por los vehículos eléctricos
Maryland se unió a otros 15 estados en una demanda el miércoles que busca revocar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que bloquea miles de millones de dólares en fondos aprobados por el Congreso para estaciones de carga de vehículos eléctricos y otra infraestructura.
Fue la tercera demanda a la que se unió el estado esta semana, parte de una estrategia agresiva de los estados liderados por demócratas contra las acciones de Trump.
Los estados también ganaron una orden judicial preliminar contra las iniciativas de Trump esta semana en otra demanda, cuando un juez federal en Rhode Island bloqueó la orden de Trump que restringía severamente las operaciones en las agencias federales que supervisan los servicios de mediación, el desarrollo de negocios de minorías y los servicios de museos y bibliotecas.
La demanda por infraestructura para vehículos eléctricos, presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el estado de Washington, impugna al Departamento de Transporte de EE. UU. por retener ilegalmente cerca de 3000 millones de dólares en fondos previamente aprobados para construir infraestructura para vehículos eléctricos. La demanda afirma que Maryland podría perder 49 millones de dólares del programa de financiación quinquenal aprobado durante el gobierno del expresidente Joe Biden (demócrata).
“Las estaciones y puertos de carga son fundamentales para ayudar a más familias a hacer la transición a vehículos más limpios que reducen la contaminación y apoyan nuestros objetivos ambientales”, declaró el Fiscal General de Maryland, Anthony Brown, en un comunicado. “Al retener ilegalmente $49 millones en fondos aprobados, la Administración Trump está socavando los esfuerzos para expandir la red de carga de nuestro estado, reducir las emisiones y construir un futuro más saludable para las generaciones futuras”.
La demanda impugna la orden ejecutiva de Trump “ Unleashing American Energy ”, firmada en su primer día en el cargo, que buscaba “eliminar el mandato de vehículos eléctricos”.
Pero la demanda del miércoles dice que nunca existió tal mandato, y que al tratar de eliminar «este mandato ficticio, la Orden Ejecutiva ordena a la Administración Federal de Carreteras usurpar los poderes legislativos y de gasto reservados al Congreso al retener los fondos asignados por el Congreso para la infraestructura de carga de vehículos eléctricos («VE») que el estatuto requiere que se distribuya a los estados».
En febrero, el Departamento de Transporte de EE. UU. hizo precisamente eso: suspendió el programa de Infraestructura Nacional para Vehículos Eléctricos y ordenó a los estados que dejaran de invertir en infraestructura de carga para vehículos eléctricos. La demanda de los estados afirma que el Congreso aprobó un total de 5000 millones de dólares para el programa de Infraestructura Nacional para Vehículos Eléctricos al aprobar la Ley Bipartidista de Infraestructura en 2021.
El Departamento de Transporte de Maryland valora la intención del Departamento de Transporte de EE. UU. de modernizar y actualizar las directrices del programa NEVI lo antes posible, declaró el secretario de Transporte de Maryland, Paul J. Wiedefeld. Sin embargo, la medida de suspender indefinidamente el programa NEVI perjudica a los conductores actuales y futuros de vehículos eléctricos en Maryland.
Además de Maryland, la demanda incluye el Distrito de Columbia y otros 15 estados: Arizona, California, Colorado, Delaware, Hawaii, Illinois, Minnesota, Nuevo México, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Washington, Wisconsin y Vermont.
Mientras tanto, Maryland y otros 20 estados obtuvieron una orden judicial temporal el martes en otra demanda contra una orden de Trump que, según los críticos, pretende desmantelar las agencias federales que proveen dinero federal a bibliotecas y museos, promueven la paz laboral y ayudan a empresas propiedad de minorías.
El Rhode Island Current , que forma parte de la red States Newsroom, informó el martes que la orden preliminar dictada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Rhode Island bloquea la orden que afecta al Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas, la Agencia de Desarrollo de Empresas Minoritarias y el Servicio Federal de Mediación y Conciliación.
El 14 de marzo, Trump había ordenado a esas agencias “reducir el desempeño de sus funciones estatutarias y el personal asociado”. La orden viola la Ley de Procedimientos Administrativos federal “por la forma arbitraria y caprichosa en que se llevó a cabo”, escribió el juez de distrito John J. McConnell.
“También ignora el papel constitucional fundamental de cada una de las ramas de nuestro gobierno federal; específicamente, ignora los principios inquebrantables de que el Congreso crea las leyes y asigna fondos, y el Ejecutivo implementa las leyes que el Congreso promulgó y gasta los fondos que el Congreso asignó”, escribió McConnell.
La demanda de los estados se presentó el 4 de abril contra Trump, Keith E. Sonderling, director interino del Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas, y otras agencias y funcionarios federales.
“Este fallo protege recursos esenciales para aspirantes a emprendedores, trabajadores que exigen un trato justo y familias de Maryland que dependen de sus bibliotecas locales para acceder a internet y apoyar la alfabetización infantil”, declaró Brown en un comunicado. “Al defender estos programas federales vitales, hemos garantizado que sigan brindando servicios esenciales a los habitantes de Maryland que dependen de ellos a diario”.
El lunes , Brown se unió a dos demandas contra el gobierno federal: una para impugnar al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. por la reducción de personal y el cierre de agencias, y otra que ordenó a las agencias federales suspender las aprobaciones, permisos y préstamos para todos los proyectos de energía eólica, tanto terrestres como marinos. Maryland también firmó una moción para solicitar una orden judicial preliminar en otra demanda contra la orden ejecutiva de Trump del 25 de marzo , que impondría restricciones generalizadas al voto en todo el país.
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