Las escuelas de VA garantizan el cumplimiento de las leyes de derechos de los padres
Bajo la inminente amenaza de consecuencias federales por la inacción, las 136 agencias educativas locales del estado —incluidas las escuelas públicas, el Centro de Justicia Juvenil de Virginia y la Escuela de Virginia para Sordos y Ciegos— han asegurado oficialmente al Departamento de Educación de Virginia que están cumpliendo con las leyes de derechos de los padres.
El 28 de marzo, el Departamento de Educación de EE. UU. ordenó a los estados que proporcionaran evidencia de que las escuelas cumplen con la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia ( FERPA ) y la Enmienda de Protección de los Derechos de los Alumnos ( PPRA ) antes del 30 de abril. Estas leyes garantizan que los padres tengan derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos y los estándares de seguridad de los estudiantes, y a ser notificados anualmente sobre sus derechos, el acceso de los reclutadores militares a su hijo y el historial de cumplimiento general de la escuela.
La agencia federal solicitó la información después de explicar que se ha visto “sobrecargada” con informes de quejas bajo la FERPA que afirman que las escuelas de todo el país han estado ocultando información a los padres, incluidos los registros de transición de género.
“Como cualquier madre, me ha consternado saber cómo las escuelas ocultan sistemáticamente a los padres información sobre la salud mental y física de sus alumnos”, declaró la secretaria de Educación de Estados Unidos, Linda McMahon, en una carta del 28 de marzo. “La práctica de alentar a los niños a seguir un camino con repercusiones irreversibles —y ocultárselo a los padres— debe cesar”.
La agencia advirtió a las escuelas que si no cumplían, enfrentarían una investigación y la pérdida de fondos federales.
El Departamento de Educación de Virginia, que proporcionó la lista de cumplimiento de las escuelas al USDOE, declaró que todas las agencias de educación en el estado «superan» las expectativas federales de FERPA al seguir la ley estatal , que establece «estándares más altos» para la divulgación de ciertos datos de los estudiantes, como información de contacto que incluye direcciones, direcciones de correo electrónico y números de teléfono.
Según la FERPA, la información de contacto puede designarse como “información de directorio” y puede divulgarse sin el consentimiento de un padre o de un estudiante elegible, a menos que dicha persona haya optado por no participar en dicha designación.
El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, y sus colegas republicanos han hecho de los derechos de los padres una piedra angular de su administración y de sus esfuerzos legislativos, afirmando repetidamente que “un padre tiene el derecho fundamental de tomar decisiones sobre la crianza, la educación y el cuidado de su hijo”.
La administración de Youngkin ha promulgado varias medidas para reforzar estos derechos, incluyendo políticas que exigen que los padres sean notificados sobre sobredosis de drogas y que el uso de mascarillas en las escuelas sea opcional. El gobernador también aprobó una ley que exige que los padres sean informados sobre el material educativo sexualmente explícito en las bibliotecas escolares.
El mes pasado, el gobernador intentó modificar un proyecto de ley añadiendo lenguaje de la Ley Sage , un proyecto de ley que habría requerido que los directores de escuelas públicas notifiquen al menos a uno de los padres si un estudiante cuestiona su identidad de género o solicita la participación de la escuela en la afirmación social o la transición a un sexo o género diferente.
Sin embargo, la enmienda de Youngkin fue rechazada.
Durante el periodo de sesiones legislativas ordinario de este año, los legisladores de la Cámara de Representantes no debatieron el proyecto de ley de la Ley Sage , presentado por el delegado Nick Freitas, republicano por Culpeper, por segundo año consecutivo. Freitas impulsó el proyecto de ley, presentado inicialmente por el entonces delegado republicano Dave LaRock, durante el periodo de sesiones de la Asamblea General de 2023. El proyecto de ley fracasó en el Senado, controlado por los demócratas, ese mismo año, tras aprobarse en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos.
En la última sesión, la Asamblea General no consideró el mismo proyecto de ley, que según Youngkin “permite a los padres estar informados de las decisiones relacionadas con la salud mental de sus hijos”.
El fracaso del proyecto de ley de la Ley Sage fue una de las razones por las que el gobernador vetó la semana pasada un proyecto de ley , aprobado por los demócratas, diseñado para alentar a las juntas escolares a recordar a los padres sobre el almacenamiento seguro de armas de fuego y medicamentos recetados.
Agregó también que el proyecto de ley aprobado por la legislatura se concentra principalmente en esas dos responsabilidades parentales, “omitiendo otras obligaciones legales, como proporcionar un ambiente libre de abuso, negligencia y explotación”.
