Víctimas indocumentadas pueden lograr estatus legal

Víctor Caycho
Washington Hispanic

El estado de Maryland busca distinguirse como una región amigable para los inmigrantes, sin importar el estatus migratorio en el que se encuentren, para lo cual se pusieron de acuerdo los dos partidos mayoritarios.

Ese es el enfoque de la legislación HB 214 que fuera aprobada en su última legislatura por el Capitolio estatal –de amplia mayoría demócrata-, y promulgada por el gobernador Larry Hogan, un líder republicano que ha mostrado repetidamente sus dotes de sensibilidad y pragmatismo político.

La mencionada legislación entró en efecto el martes 1ro de octubre y determina que los inmigrantes indocumentados –o “no autorizados” como también se les denomina-, que hayan sido víctimas de crímenes para aplicar por ciertas categorías de estatus legal.

Para ello, las víctimas o testigos de un crimen se comprometen voluntariamente a ayudar a las agencias de la ley. Con ese objeto, deben presentar a los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) una certificación de las agencias de la ley de su localidad –la cual anteriormente no era requerida-, para completar los formatos si la víctima o testigo satisface los criterios establecidos.
La legislación también establece medidas para reducir o excluir ciertos honorarios para los abogados que se le asignen a la víctima o testigo, excepto por ciertas circunstancias, con el fin de garantizar y facilitar su testimonio.

Esta iniciativa se enmarca en las recomendaciones de las autoridades, tanto a nivel de la policía local como de los entes judiciales, para evitar que un crimen quede sin resolver en los casos donde las víctimas o testigos sean inmigrantes indocumentados.

Se considera que todo ello forma parte de la política de trabajo de acercamiento con las comunidades, donde los inmigrantes alcanzan un alto porcentaje en la población, especialmente de personas provenientes de Centroamérica, México y Sudamérica.
Copias de la legislación han sido enviadas para conocimiento de las cortes y de los centros de procedimientos judiciales y fue inscrita en el Código de Maryland.