Buscan asegurar asistencia legal para inmigrantes

Jossmar Castillo
Washington Hispanic

l Distrito de Columbia dio un paso adelante para asegurar la protección de los inmigrantes que se han establecido en la ciudad de Washington, con la presentación de una propuesta que crea un fondo permanente que facilite el acceso de estas personas a los servicios legales que necesitan de manera permanente.

Decenas de personas, entre ellas líderes de organizaciones de apoyo al inmigrante, se agruparon la mañana del miércoles en las escalinatas del Edificio Wilson para mostrar su apoyo a la Ley de Enmienda de Acceso a la Justicia para los Inmigrantes, que fuie discutida por el Comité Judicial y de Seguridad Pública del Concejo, horas antes de que se fueran al receso de medio año.

«El Distrito de Columbia tiene un historial de aceptación y bienvenida para la comunidad inmigrante, y al ver que la nueva administración del gobierno federal no comparte nuestros ideales, consideré adecuado proponer esta ley», dijo la concejal Brianne Nadeau, del Ward 1.
Ella, secundada por varios de sus colegas concejales como David Grosso, Trayon y Robert White, pretende asegurar que el apoyo a los inmigrantes no sea eliminado, en caso de que la alcaldía caiga en manos de otra administración.

A principios de enero la alcaldesa Muriel Bowser anunció la creación de un fondo para financiar servicios legales para casos de inmigración. En total fueron 500 mil dólares que se destinaron a varias organizaciones privadas y sin fines de lucro, como una respuesta a las políticas anti inmigrantes que Donald Trump desplegaba cuando apenas se acomodaba en la silla presidencial.

«Como la iniciativa actual es un programa, un nuevo alcalde podría eliminarlo, pero esto no ocurriría si lo convertimos en una ley», estableció Nadeau, quien considera que la propuesta podría discutirse en el pleno del Concejo en el otoño próximo.

Varios representantes de organizaciones en favor los inmigrantes brindaron su testimonio sobre el por qué la aprobación de esta ley es importante, frente a los concejales Nadeau; Charles Allen, del Ward 6; y David Grosso, concejal general. Uno de ellos fue Jaime Contreras, vicepresidente del Sindicato de Empleados de Servicio del Área Capital (SEIU 32BJ).

«Muchos de nuestros compañeros no hablan español, los servicios legales son caros, por el desconocimiento del idioma, son propensos a caer víctimas de estafadores que se aprovechan de su situación», señaló Contreras ante la pregunta de Allen, quien preside el Comité.

Susana Volpe, de AYUDA, dijo que un inmigrante con asistencia legal de su lado, tiene más oportunidades de permanecer en el país, que aquellos desamparados legalmente hablando. Dio como ejemplo que 30 de sus clientes conocieron de vías a la obtención de residencia permanente que no conocían antes de acercarse a la organización.

El programa de Bowser, además de la asistencia legal, destina fondos para educar a las personas sobre cómo funciona el sistema de justicia y lo que debería hacer en caso de ser abordados por las autoridades de inmigración.

De acuerdo con la concejal Nadeau, hasta el momento no se ha detallado de cuánto dinero se necesitará para la puesta en marcha de la ley, pero que es algo que se determinará a medida que establezcan de manera más clara las necesidades de las organizaciones que brindan los servicios.

El Distrito de Columbia cuenta con cerca de 70 mil inmigrantes. Aproximadamente 25 mil de ellos son indocumentados.