La administración Trump propone modificar la manera en que se realiza el censo de Estados Unidos para excluir del conteo utilizado para la distribución de representación en el Congreso a los no ciudadanos que no tengan residencia permanente legal, conocida como green card, en el próximo censo de 2030, según una propuesta publicada en el Registro Federal. El documento plantea incluir a los residentes permanentes legales y excluir de la base de distribución de escaños a inmigrantes indocumentados y a extranjeros cuyo estatus legal sea considerado menos permanente.
La iniciativa podría generar importantes cambios en la manera en que se distribuyen recursos federales entre los estados y también podría afectar las cifras de población utilizadas para determinar cuántos representantes corresponden a cada estado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, integrada por 435 miembros.
Es probable que la propuesta enfrente impugnaciones judiciales. La Decimocuarta Enmienda de la Constitución establece que los representantes deben distribuirse entre los estados tomando en cuenta “el número total de personas en cada Estado”, con la histórica excepción de los indígenas “no sujetos a impuestos”. El texto constitucional no hace referencia al estatus migratorio de esas personas.
Los estados tuvieron inicialmente un papel predominante en asuntos migratorios hasta que el gobierno federal asumió mayores facultades en esta materia en 1882, con la aprobación de la Ley de Exclusión China.
Según la propuesta, quedarían fuera de la base utilizada para distribuir los escaños del Congreso los extranjeros que no cuenten con residencia permanente legal. Esto podría afectar a millones de personas, entre ellas inmigrantes sin autorización legal, personas que cuentan con determinados estatus migratorios temporales, así como refugiados y solicitantes de asilo. El documento señala que la Oficina del Censo está considerando utilizar registros administrativos gubernamentales para determinar el estatus legal de las personas.
La población de inmigrantes no autorizados, una categoría que, de acuerdo con el artículo, incluye también a algunos no ciudadanos con formas limitadas de estatus legal— ha aumentado a más de 15.8 millones desde mediados de 2024.
La administración Trump sostiene que los no ciudadanos que no poseen una green card no deberían formar parte de la base del censo utilizada para la distribución de escaños porque, según argumenta la propuesta, no serían “verdaderos habitantes, miembros del cuerpo político ni personas con una ‘residencia habitual’ en Estados Unidos” debido a que, a juicio de la administración, no mantienen un vínculo o grado de lealtad suficiente con el país.
El plan también propone eliminar del formulario corto del censo decenal las preguntas relacionadas con la raza, el origen étnico y la orientación sexual. Asimismo, la Oficina del Censo está solicitando comentarios sobre la posible inclusión de una pregunta relacionada con el estatus legal.
El presidente Donald Trump ya había buscado incluir una pregunta sobre ciudadanía durante su primer mandato. Sin embargo, en 2019 la Corte Suprema impidió que esa pregunta fuera incorporada al censo de 2020.
Según la propuesta actual, la administración considera que el censo debería ser “ciego al color” y que su objetivo principal no debería verse alterado por preguntas relacionadas con características personales que considera irrelevantes, como la raza.
La recopilación de información racial tiene una larga historia dentro del censo estadounidense. La Oficina del Censo señala que se han recopilado datos sobre raza desde el primer censo realizado en 1790, aunque las categorías y la manera de formular las preguntas han cambiado considerablemente a lo largo del tiempo.
La propuesta abre un periodo de comentarios públicos de 30 días después de su publicación oficial en el Registro Federal. https://marylandmatters.org
