La administración del presidente Donald Trump recurrió a la Corte Suprema para que diera luz verde a su ambiciosa agenda de inmigración de línea dura y, en general, obtuvo el respaldo que buscaba, con una excepción clave: la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Tras los reiterados fallos de los tribunales inferiores en contra de la administración Trump, el Tribunal Supremo del país le permitió poner fin a las protecciones temporales para las personas que huían de la guerra o los conflictos. Además, otorgó a los agentes de inmigración mayor margen de maniobra para tratar con los titulares de la tarjeta verde que regresaban del extranjero y permitió al gobierno limitar el número de personas que pueden solicitar asilo .
Al verse obligada a respaldar la polémica política migratoria del presidente republicano, la Corte Suprema mostró respeto por las garantías constitucionales en el caso clave de la ciudadanía por derecho de nacimiento, que habría redefinido quién puede ser estadounidense. Al fallar en contra del gobierno, la corte ratificó la idea de que las personas nacidas en Estados Unidos, independientemente del estatus migratorio de sus padres, son estadounidenses.
Cada decisión podría tener consecuencias de gran alcance para los extranjeros que buscan vivir en el país y podría ayudar a moldear la percepción pública sobre si Estados Unidos sigue siendo un faro de esperanza para los inmigrantes.
Se mantiene la ciudadanía por derecho de nacimiento, lo que genera peticiones de más restricciones.
La administración Trump había intentado impedir que los niños nacidos de personas que se encuentran en Estados Unidos de forma ilegal o temporal tuvieran derecho a la ciudadanía estadounidense al nacer.
Un Tribunal Supremo dividido ratificó el concepto de ciudadanía por derecho de nacimiento, con una escasa mayoría de cinco magistrados que afirmaron que, con muy pocas excepciones, la interpretación establecida desde hace mucho tiempo de la 14ª Enmienda , adoptada después de la Guerra Civil, otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en los Estados Unidos.
Fue un duro golpe para la agenda migratoria de Trump, un pilar fundamental de su segundo mandato. El presidente firmó la orden que buscaba restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento el primer día de su mandato, aunque nunca entró en vigor debido a impugnaciones legales.
La decisión del tribunal fue elogiada por los defensores, pero provocó que algunos republicanos pidieran que se intentara restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento por otros medios.
Mark Krikorian, director del Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por una menor inmigración, afirmó que la decisión hace que la iniciativa del presidente para llevar a cabo deportaciones a gran escala sea "aún más urgente", con el objetivo de expulsar a las personas que se encuentran ilegalmente en el país antes de que tengan hijos.
Krikorian afirmó que la decisión implica que las políticas que rigen los programas que permiten a los extranjeros venir a Estados Unidos a trabajar o estudiar en la universidad deben ser "endurecidas" para evitar que las personas vengan a Estados Unidos y tengan hijos que luego se conviertan en ciudadanos. También sugirió que el Departamento de Estado podría agregar una pregunta sobre el embarazo a las solicitudes de visa de extranjeros que buscan obtener una visa de turista u otro tipo de visa para venir a Estados Unidos.
“Creo que va a tener un impacto real en las políticas públicas”, dijo Krikorian.
Se eliminan las protecciones temporales para haitianos y sirios.
El tribunal autorizó al gobierno de Trump a poner fin a las protecciones legales para los migrantes que huyeron de la violencia y los desastres naturales en Haití y Siria. La decisión, anunciada el 25 de junio con un resultado de 6 votos a favor y 3 en contra, podría dejar a cientos de miles de personas más sin la posibilidad de trabajar en Estados Unidos y vulnerables a la deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional ha tomado medidas para poner fin a las protecciones, incluidas algunas que habían estado vigentes durante más de una década, para personas de 13 países.
Los críticos republicanos han afirmado que estas protecciones temporales se convierten, en la práctica, en permanentes. Sin embargo, los abogados de inmigración señalan que países como Haití y Siria siguen siendo peligrosos.
La mayoría conservadora del tribunal dictaminó que la ley no permite que los tribunales cuestionen el proceso que utilizan las autoridades de inmigración para revocar las protecciones. El tribunal supremo ya había dado la razón al gobierno y había autorizado la finalización del programa para los venezolanos.
No está claro con qué rapidez el fallo del tribunal podría traducirse en que el ICE intente expulsar del país a los haitianos y sirios afectados, aunque el temor a una posible deportación ya se ha extendido por toda la comunidad haitiana .
David Bier, director de estudios de inmigración del Instituto Cato, un centro de estudios libertario que aboga por una mayor inmigración, afirmó que la decisión del tribunal tiene un impacto mucho mayor que el de los 350.000 haitianos y 6.000 sirios incluidos en el caso. Aproximadamente un millón de personas más están amparadas por las decisiones del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), y Bier señaló que el fallo las deja sin ninguna vía efectiva para impugnar las medidas del gobierno.
“Eso simplemente cerró la puerta a cualquier desafío”, dijo Bier.
Se permiten límites en el número de solicitantes de asilo.
Según la ley estadounidense, los migrantes que pisan suelo americano pueden solicitar asilo. Si bien el número de migrantes que llegan a la frontera sur ha disminuido drásticamente durante la administración Trump, el número de solicitantes de asilo se había disparado durante administraciones anteriores.
Iniciado durante la administración del demócrata Barack Obama y luego ampliado durante el primer mandato de Trump, el sistema de conteo de solicitudes de asilo limitaba la cantidad de personas que podían solicitar asilo cada día en la frontera sur con México.
El fallo allanó el camino para que la administración Trump pudiera potencialmente reactivar la política, que actualmente no está vigente, si así lo decidiera.
La administración argumentó que el sistema de admisión por tiempo limitado era una herramienta importante y que las personas rechazadas en la frontera podían regresar más tarde. Sin embargo, los defensores de los derechos humanos argumentaron que, cuando este sistema estuvo vigente, provocó caos y una crisis humanitaria en México, ya que miles de personas esperaron durante días e incluso meses en albergues improvisados.
El tribunal otorga a la administración mayor margen de maniobra con algunos titulares de la tarjeta verde.
En otra decisión de 6 a 3, el tribunal se puso del lado de la administración Trump al otorgar mayor poder a los funcionarios de inmigración a la hora de decidir cómo tratar a los titulares de la tarjeta verde que regresan al país desde el extranjero.
En 2012, los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza pusieron a Muk Choi Lau, residente permanente legal, en libertad condicional migratoria tras su regreso de un breve viaje a China y le retiraron su tarjeta de residencia. Había sido acusado de falsificación, aunque no fue condenado.
Lau argumentó que el agente se extralimitó en sus funciones y que, cuando finalmente se declaró culpable de vender ropa falsificada en Nueva Jersey, la decisión facilitó al Departamento de Seguridad Nacional, entonces bajo la administración Obama, la expulsión del país.
La jueza Ketanji Brown Jackson, en su voto particular, escribió que le preocupaba que el tribunal hubiera dado al gobierno un "cheque en blanco masivo" para tratar con millones de otros residentes permanentes legales que desean viajar al extranjero.
El Consejo Estadounidense de Inmigración, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes, escribió en un análisis posterior a la decisión del tribunal que el Congreso otorgó a los residentes permanentes legales protecciones especiales cuando viajan, lo que dificulta su detención y expulsión del país.
Existen excepciones que limitan las protecciones especiales de las que gozan los titulares de la tarjeta verde, entre ellas, si la persona ha cometido ciertos delitos en Estados Unidos, escribió el consejo.
El consejo afirmó que aún existen muchas incógnitas sobre el efecto de la decisión judicial, pero que espera que el gobierno argumente que la decisión puede aplicarse de forma más amplia.
