Decenas de miles de salvadoreños, incluidos muchos residentes del área metropolitana de Washington, podrían enfrentar el riesgo de deportación si la administración Trump decide poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) la próxima semana.
Legisladores demócratas y organizaciones defensoras de los inmigrantes están pidiendo al gobierno federal que extienda nuevamente el TPS para los ciudadanos de El Salvador, un beneficio migratorio que ha protegido a miles de salvadoreños en Estados Unidos durante los últimos 25 años.
“Sería un caos enorme si no se extiende el TPS para los salvadoreños”, afirmó el representante demócrata Suhas Subramanyam, quien representa al Distrito 10 de Virginia, durante una conferencia de prensa realizada el miércoles frente al Capitolio.
“No solo sería caótico para la comunidad salvadoreña, sino que tendría consecuencias para todos los estadounidenses”, agregó.
Subramanyam destacó que los salvadoreños desempeñan un papel importante en la economía y en la fuerza laboral de la región.
“Han construido viviendas, formado familias, pagado impuestos y contribuido a revitalizar nuestras economías locales”, señaló.
Carmen Elena Rodríguez, directora ejecutiva del National Salvadoran American Association (NSAA), también hizo un llamado a la administración Trump para que mantenga las protecciones para estas familias, destacando el papel que los beneficiarios del TPS desempeñan en sus comunidades.
“Son propietarios de pequeños negocios, trabajadores esenciales dedicados al cuidado de otras personas, nuestros vecinos y padres y madres de ciudadanos estadounidenses”, afirmó Rodríguez.
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“Quitarles su estatus no resuelve un problema de política migratoria; por el contrario, generaría una crisis humana y económica. Instamos firmemente a la administración Trump a extender las protecciones para estas familias y para las comunidades que dependen de ellas”, agregó.
Subramanyam y otros legisladores respaldan una propuesta que permitiría extender por otros 18 meses el Estatus de Protección Temporal para más de 170,000 salvadoreños en todo el país.
La representante republicana María Elvira Salazar, del Distrito 27 de Florida, también se pronunció a favor de ofrecer una solución que evite la separación de familias y la incertidumbre para quienes llevan décadas viviendo en el país.
“El TPS puede ser temporal, pero las vidas que los salvadoreños han construido en Estados Unidos durante más de 20 años no lo son. Miles viven en mi distrito y, a lo largo de las décadas, han demostrado ser personas trabajadoras, productivas y miembros valiosos de nuestra sociedad”, afirmó Salazar.
“Dejar vencer el TPS sin ofrecer un camino a seguir para los salvadoreños que respetan la ley sería un error. Sin embargo, el Congreso debe encontrar una solución duradera. Cualquier extensión u otra alternativa que permita mantener unidas a las familias salvadoreñas nos dará tiempo para alcanzar esa solución sin causar trastornos en nuestras comunidades y nuestra economía”, agregó.
Salazar señaló que la solución de largo plazo debería provenir del Congreso y destacó la Ley Dignidad, o Dignity Act, una propuesta migratoria que ella ha impulsado.
“La Ley Dignidad ofrece un camino hacia adelante, permitiendo que inmigrantes de larga trayectoria puedan ganarse un estatus legal duradero y continuar contribuyendo al país que consideran su hogar. He convertido esta lucha en una parte central de mi trabajo en el Congreso y no voy a detenerme hasta que lo logremos”, sostuvo la congresista.
El mes pasado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) notificó a los beneficiarios salvadoreños que su protección contra la deportación está programada para vencer el próximo 9 de septiembre.
Sin embargo, todavía existe incertidumbre sobre lo que ocurrirá. De acuerdo con la ley, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe anunciar si extiende o cancela el TPS al menos 60 días antes de su fecha de vencimiento.
Subramanyam indicó que una extensión daría a las familias salvadoreñas más tiempo para organizar sus asuntos laborales y personales mientras esperan una decisión definitiva sobre su permanencia en Estados Unidos.
La administración Trump, por su parte, ha sostenido que el programa de TPS ha sido utilizado más allá de su propósito original y argumenta que nunca fue creado para convertirse en una vía de amnistía o residencia permanente en Estados Unidos.
