El principal funcionario electoral de Maryland está siendo amenazado con cargos penales por el Departamento de Justicia, en el último intento del presidente Donald Trump y su administración por presionar a los funcionarios electorales estatales y sembrar dudas sobre la validez de las elecciones de este otoño, según algunos defensores del derecho al voto.
La carta enviada el martes al administrador electoral estatal, Jared DeMarinis, forma parte de una iniciativa más amplia que involucra a funcionarios electorales de todo el país. Se produce un día después de que los abogados del Departamento de Justicia anunciaran su intención de apelar un caso de Maryland en el que intentaron, sin éxito, obligar a la divulgación de los registros electorales completos.
DeMarinis lo describió como "una bonita carta de amor del Departamento de Justicia amenazando con mi arresto".
“Es sencillamente inconcebible amenazar e intentar intimidar a los funcionarios electorales, no solo en Maryland, sino en todo Estados Unidos”, afirmó. “Es una medida draconiana”.
La carta de Harmeet Dhillon, fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles, se centra en "el cumplimiento por parte de Maryland de la ley federal que rige la elegibilidad de los votantes".
En su carta, Dhillon expresa su preocupación por el hecho de que se permita votar a personas que no son ciudadanas estadounidenses en las elecciones de Maryland.
La carta de siete páginas, que incluye un memorándum, amenaza con presentar cargos relacionados con conspiración criminal y violaciones de los derechos civiles. Es similar, si no idéntica, a una enviada a los funcionarios electorales de todos los estados.
“Esta carta tiene un único propósito: intimidar y asustar a los funcionarios electorales”, declaró DeMarinis. “El Departamento de Justicia está pisoteando los derechos de los habitantes de Maryland. Perdieron en los tribunales para obtener el censo electoral. La administración ha emitido órdenes ejecutivas inconstitucionales. Y ahora, el 7 de julio, llega esta nueva carta con un memorándum —yo diría que una amenaza—; no hay otra forma de interpretarlo”.
DeMarinis reconoció que hablar públicamente sobre la carta era inusual, pero que sentía que tenía que "salir a hablar públicamente sobre esto... porque esto no puede quedar en secreto".
“Como administrador electoral estatal, una de mis responsabilidades es asegurarme de que la gente siempre se sienta segura y tranquila con respecto a nuestras elecciones, y que sepa que nuestras elecciones también están verificadas”, dijo.
Dhillon escribió que “cualquier funcionario electoral, incluido el jefe de la comisión electoral estatal, que a sabiendas mantenga a personas no ciudadanas en la lista estatal de votantes o facilite que reciban y emitan su voto podría ser objeto de responsabilidad penal. Un acto intencional destinado a diluir el voto de los ciudadanos también podría constituir una violación de la ley federal, que prohíbe que dos o más personas conspiren para perjudicar a cualquier persona en el ejercicio de sus derechos constitucionales. Le animamos a que se ponga en contacto con nosotros para analizar las medidas que su estado debería adoptar para mantener listas de votantes limpias, tal como lo exige la ley”.
La carta, dirigida a DeMarinis, no especifica a otras personas que considera parte de una supuesta conspiración.
“El Departamento envió estas cartas a los 50 estados y al Distrito de Columbia, solicitando el cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones conforme a la ley federal para garantizar que solo los ciudadanos voten en las elecciones federales”, dijo un portavoz del departamento en un comunicado de una sola frase enviado en respuesta a preguntas el miércoles.
“En el estado de Maryland, celebramos elecciones seguras y transparentes, cumpliendo con la ley”, declaró DeMarinis. “Ahora, este tipo de carta intenta sembrar dudas sobre los resultados electorales con afirmaciones infundadas y supuestos villanos. Lo hemos demostrado una y otra vez. Estoy realmente consternado”.
Preocupación por la erosión de la confianza de los votantes.
Nikki Tyree, directora ejecutiva de la Liga de Mujeres Votantes de Maryland, calificó la carta de "sumamente inquietante" y la vinculó directamente con los esfuerzos, hasta ahora infructuosos, de la misma agencia para obtener la base de datos de votantes del estado.
«La idea de que uno fracase en los tribunales y su siguiente paso sea amenazar con la detención o el arresto… dice mucho sobre cómo se percibe a los funcionarios electorales en este país», dijo Tyree. «No se puede ganar elecciones mediante amenazas, ni aquí, ni en Maryland, ni en Estados Unidos. No se puede amenazar a nuestros servidores públicos para que den lo que uno quiere».
“La realidad es que si alguien se molestara en informarse, vería que nuestros funcionarios electorales cumplen con la ley establecida por la Asamblea General de Maryland”, dijo.
Tanto DeMarinis como Tyree afirmaron que el objetivo de esta iniciativa es minar la confianza en las elecciones estatales y locales. Tyree culpó a «grupos de personas que, en el fondo, ignoran deliberadamente cómo funciona la ley».
“Su objetivo no es garantizar que nuestro censo electoral esté lo más limpio posible”, dijo. “Su objetivo es lograr que suficientes personas crean que hay algo turbio en nuestras elecciones, para que puedan denunciar fraude y así obtener lo que desean como ganadores. Eso es todo”.
Las encuestas recientes muestran que los estadounidenses de todo el espectro político están perdiendo la confianza en el proceso electoral. Dos tercios de los estadounidenses encuestados en un sondeo realizado en marzo por PBS News, NPR y la Universidad de Marist expresaron confianza en la precisión de sus elecciones estatales y locales, 10 puntos menos que en una encuesta similar realizada antes de las elecciones de 2024.
Este descenso se debe a la caída de dos dígitos entre los votantes demócratas e independientes.
Funcionarios electorales y defensores en alerta
Las acciones contra los funcionarios electorales estatales han aumentado desde que Trump asumió el cargo hace casi dos años.
Durante ese tiempo, el presidente ha emitido varias órdenes ejecutivas sobre elecciones. Una orden de 2025 exigió la presentación de prueba de ciudadanía para el registro federal de votantes. Otra, emitida a principios de este año, instruyó al Departamento de Seguridad Nacional a recopilar listas de ciudadanía y utilizar el Servicio Postal de los Estados Unidos para entregar las boletas solo a los votantes que las autoridades federales consideren elegibles.
Ambas solicitudes fueron bloqueadas por tribunales federales.
La administración también ha exigido los registros electorales de Maryland y otros estados. Estas bases de datos detalladas contienen información personal identificativa e incluso historiales electorales completos. Maryland se ha sumado a otros estados que se han negado a entregar la solicitud, lo que ha dado lugar a demandas federales por parte de la administración.
También se han producido varias redadas de gran repercusión. Agentes federales confiscaron papeletas en Georgia mientras el presidente sigue insistiendo en acusaciones infundadas de fraude electoral en las elecciones de 2020.
El mes pasado, agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional registraron y confiscaron documentos de un grupo progresista centrado en la justicia social y el derecho al voto.
Tyree afirmó que existen motivos reales para preocuparse por la posibilidad de que se produzcan acciones similares en Maryland contra funcionarios electorales y defensores del derecho al voto.
“No estamos haciendo nada malo. Simplemente intentamos que la gente vote, pero si su objetivo es impedir que la gente vote, o más específicamente, si su objetivo es impedir que voten quienes saben que no votarán por ustedes ni por su partido, esta es una muy buena manera de hacerlo”, dijo Tyree. “Realizar un montón de redadas que no significan nada. Arrestar al máximo funcionario electoral por hacer su trabajo”.
'Habrá una respuesta'
Dhillon le da a DeMarinis cinco días para responder con información sobre "cómo el estado de Maryland piensa garantizar el cumplimiento de estas leyes federales tanto a nivel estatal como local".
Un portavoz del departamento no respondió a las preguntas sobre las consecuencias de no cumplir con el plazo de cinco días.
DeMarinis dijo que "habrá una respuesta", pero no especificó de inmediato qué diría.
Dichas respuestas deberán enviarse a William Mohrman, un asesor jurídico sénior recientemente contratado que también fue el abogado principal en una demanda contra DeMarinis y la junta electoral el mes pasado.
Mohrman representó en su momento a agentes de Minnesota acusados de la muerte de George Floyd bajo custodia policial. Forma parte de un grupo de abogados que trabajaron en las impugnaciones a las elecciones de 2020 y que han sido contratados por la División de Derechos Civiles.
Mohrman encabezó la demanda federal del departamento que buscaba obtener registros exhaustivos sobre los votantes de Maryland . Un juez federal desestimó esa demanda .
El lunes, el departamento presentó un recurso de apelación.
Mohrman también representa al departamento en una demanda similar en Georgia.
DeMarinis, al comentar sobre la apelación, dijo que creía que el estado tenía fundamentos legales sólidos para negar el acceso a los registros de votación y que confiaba en que la agencia prevalecería.
