El gobierno del presidente Donald Trump apeló el lunes la decisión de un juez federal que desestimó el caso penal presentado en Tennessee contra Kilmar Abrego García, el hombre de 30 años residente en Maryland que atrajo la atención nacional sobre las políticas migratorias de la administración después de haber sido deportado por error a El Salvador el año pasado.
El juez federal de distrito Waverly Crenshaw desestimó en mayo los cargos de tráfico de personas presentados contra Abrego, como aparece identificado en los documentos judiciales, al considerar que el proceso impulsado por el gobierno había sido “vengativo y selectivo”.
Crenshaw determinó que el Poder Ejecutivo reabrió una investigación de varios años relacionada con una parada de tránsito en Tennessee y presentó dos cargos de tráfico de personas contra Abrego únicamente después de que este lograra impugnar con éxito su deportación a El Salvador y la Corte Suprema de Estados Unidos ordenara al gobierno facilitar su regreso al país.
“La evidencia objetiva en este caso demuestra que, de no haber sido por la demanda exitosa de Abrego para impugnar su expulsión a El Salvador, el gobierno no habría iniciado este proceso penal”, escribió Crenshaw, quien fue designado por el expresidente Barack Obama.
La administración Trump notificó al tribunal en junio su intención de apelar la decisión.
En un escrito inicial presentado el lunes ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Sexto Circuito, el gobierno sostiene que la presunción del tribunal de distrito de que existió una acción vengativa fue “inapropiada” y que los cargos contra Abrego estaban “respaldados por preocupaciones legítimas de la fiscalía relacionadas con el regreso del acusado al país”.
La Fiscalía Federal para el Distrito Medio de Tennessee afirmó en un comunicado que la decisión de Crenshaw “representa una expansión drástica del poder de los tribunales para desestimar cargos criminales graves basándose en evaluaciones subjetivas sobre las motivaciones de los fiscales y constituye una intromisión injustificada en las facultades y responsabilidades del Poder Ejecutivo para proteger al público”.
Abrego ingresó ilegalmente a Estados Unidos cuando era adolescente, después de huir de El Salvador, donde dijo temer ser víctima de la violencia de las pandillas. En 2019, un juez de inmigración emitió una orden que impedía su deportación a ese país.
Sin embargo, Abrego fue deportado a El Salvador en marzo de 2025, una medida que posteriormente un abogado del gobierno federal reconoció que se había producido por error.
Abrego regresó a Estados Unidos en junio de 2025 y fue trasladado inmediatamente a un centro de detención en Tennessee, donde quedó bajo custodia por una acusación de dos cargos relacionados con tráfico de personas.
Las acusaciones se originaron a partir de una parada de tránsito ocurrida en 2022, cuando agentes de la policía estatal de Tennessee detuvieron un vehículo por exceso de velocidad en una zona rural del estado.
Los fiscales federales alegaron que Abrego actuaba como conductor dentro de una conspiración permanente para transportar por distintas partes de Estados Unidos a inmigrantes que se encontraban en el país sin autorización legal. Abrego se declaró no culpable de los cargos.
Actualmente permanece en libertad mientras continúa su proceso migratorio en Maryland.
