El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó este miércoles que los "funcionarios corruptos" también son un "objetivo" del Gobierno estadounidense en su nueva ofensiva contra una red de casi cincuenta líderes y facilitadores del Cartel de Sinaloa.
Johnson destacó las sanciones impuestas el martes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense contra el líder del Cartel de Sinaloa, Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, y una red de 21 personas y 25 entidades.
Según el embajador, los casi 50 objetivos "muestran lo que significa ir contra toda la red".
"No solo contra los líderes, sino también contra los traficantes, lavadores de dinero, empresas fachada y funcionarios corruptos: todos los que mantienen operando a estas organizaciones terroristas son un objetivo", remarcó, en un mensaje en X.
Johnson agregó que las autoridades estadounidenses están "golpeando" a la red "donde más les duele: su dinero".
Además, recordó que EE.UU. ofrece recompensas de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Alfonso Arzate García, alias Aquiles; René Arzate García, alias La Rana, o Juan José Ponce Félix, alias El Ruso.
"Quienes lideran estas redes, se benefician de ellas o facilitan sus operaciones no tienen dónde esconderse", zanjó el diplomático.
En la acusación de EE.UU., también aparecen exfuncionarios mexicanos, como Carlos Torres, exdiputado y exesposo de la actual gobernadora del estado norteño de Baja California, Marina del Pilar.
Entre los señalados figuran además Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanal y exasesor legislativo del gobierno de Baja California, y a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.
La acusación llega casi cinco meses después de que Estados Unidos señalara a diez funcionarios del Gobierno de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, de proteger las operaciones del cartel a cambio de sobornos millonarios.
A finales de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de ese estado, como el entonces alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador Enrique Inzunza Cázarez; el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, y exmandos de seguridad de Sinaloa.
