El gobernador de Maryland, Wes Moore, promulgó decenas de leyes en Annapolis, incluida una que elimina la práctica de procesar automáticamente a menores como adultos en una amplia gama de delitos.
Según la Ley de Reforma de la Procesamiento Penal Juvenil , los adolescentes menores de 18 años aún pueden ser procesados como adultos en casos de asesinato en primer grado y violación.
En la ceremonia de firma del proyecto de ley, el presidente del Senado de la Asamblea General de Maryland, Bill Ferguson, dijo: “Aquí en Maryland, cobramos a más niños como adultos que cualquier otro estado, con la excepción de Alabama. Este proyecto de ley cambiará eso”.
Ferguson dijo que, en algunos casos, Maryland procesaba a jóvenes de 14 años como adultos, "por casos que, casi siempre, casi siempre", enfatizó, "terminaban de nuevo en el tribunal de menores de todos modos".
Ferguson afirmó que la legislación garantizará que los casos se lleven "al tribunal competente desde el principio, lo que, según los datos, nos hace más seguros y es mejor para esos jóvenes".
Si bien el proyecto de ley fue celebrado durante su firma en la Cámara de Representantes de Maryland, Ivan Bates, presidente de la Asociación de Fiscales del Estado de Maryland, escribió en un comunicado: "La delincuencia juvenil violenta sigue creciendo sin control porque el Departamento de Servicios Juveniles no está preparado para lidiar con estos jóvenes delincuentes violentos reincidentes".
Bates, quien testificó en contra del proyecto de ley, agregó: "Enviar a estos delincuentes violentos de vuelta al sistema de justicia juvenil y darles un tiempo fuera no es la solución a crímenes tan atroces y violentos".
Entre otras leyes promulgadas, se encuentra la “ Ley Joanne C. Benson de Escuelas Libres de Teléfonos de Maryland ”. Esta ley exige que los sistemas escolares implementen políticas de prohibición total del uso del teléfono en todas las escuelas primarias, secundarias y preparatorias para el año escolar 2027-2028.
Asimismo, una ley de vivienda aprobada busca incrementar el parque de viviendas del estado al prohibir que las jurisdicciones locales cobren tasas de impacto urbanístico o impuestos especiales sobre proyectos residenciales hasta que finalice la construcción. El objetivo es eliminar cualquier obstáculo inicial para la construcción de nuevas viviendas.