La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en el Palacio Nacional al secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, con quien acordó mantener la cooperación bilateral “en el marco de respeto” entre ambos países en medio de las recientes tensiones por las presiones de Washington para reforzar la lucha contra el narcotráfico.
“Recibimos en Palacio Nacional al Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países”, escribió la mandataria en un breve mensaje en redes sociales.
La reunión ocurre en un momento especialmente sensible de la relación bilateral, marcado por un incremento de las tensiones entre ambos gobiernos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
La visita de Mullin, quien asumió el cargo hace menos de dos meses, representa el primer viaje a México de un miembro del gabinete presidencial de Donald Trump en 2026; y se produce después de la visita realizada en septiembre del año pasado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
Antes del encuentro, Sheinbaum había señalado que la visita serviría para mantener la coordinación bilateral en seguridad, aunque insistió en que cualquier mecanismo de colaboración debe respetar la soberanía mexicana.
La expectativa sobre una posible reunión con la mandataria mexicana había aumentado en los últimos días, debido al contexto de creciente presión desde Washington hacia el Gobierno mexicano por la lucha contra el narcotráfico y tras precedentes como la visita de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el año pasado.
El acercamiento bilateral también ocurre pocos días después de la llamada telefónica entre Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la mandataria mexicana calificó como “cordial y excelente”.
La relación bilateral atraviesa un momento delicado tras la acusación formal del Departamento de Justicia estadounidense contra diez altos funcionarios del estado de Sinaloa, incluido el gobernador oficialista, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas, señalamientos que el Gobierno mexicano ha dicho que deben sustentarse con pruebas para proceder legalmente.