Un juez federal desestimó este viernes la demanda por tráfico de personas contra Kilmar Ábrego García, el salvadoreño al que el Gobierno de Donald Trump deportó de manera irregular el año pasado, al considerar que el Departamento de Justicia lo demandó con ánimo puramente vengativo.
En su fallo, el juez del distrito central de Tennessee Waverly Crenshaw consideró que Ábrego García fue objeto de una "persecución vindicativa y selectiva, en violación de la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda", por parte del Gobierno Trump.
Después pasar casi tres meses preso en su país natal por su deportación irregular y ser retornado a regañadientes a EE.UU., el Departamento de Justicia lo acusó de conspirar para transportar extranjeros entre 2016 y 2025, y de transportar extranjeros indocumentados durante una detención de tráfico, en Tennessee, en noviembre de 2022, con objetivo de volver a volver a deportarlo.
De hecho, el Gobierno Federal le ofreció un acuerdo de culpabilidad a cambio de deportarlo a Costa Rica, considerado un tercer país seguro, pero Ábrego García se negó.
El propio juez Crenshaw ya afirmó al abrirse el proceso que la acusación podía constituir una represalia ilegal de la Administración Trump, que ha calificado de criminal violento en varias ocasiones al salvadoreño.
El fallo de hoy establece que la propia decisión de reabrir el caso en torno a la detención de tráfico de 2022, las declaraciones públicas del entonces vice fiscal general Todd Blanche, o la supervisión realizada por el Departamento de Justicia para lograr la formulación de cargos "vician la investigación con un móvil vengativo".
Ábrego García, que huyó a EE.UU. hace más de una década tras recibir amenazas de pandillas en su país natal y fue deportado erróneamente en marzo pasado, se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la lucha contra las duras políticas antiinmigratorias del magnate neoyorquino.
El salvadoreño, que trabajaba y vivía en Maryland junto a su esposa estadounidense y sus tres hijos, fue deportado por un "error administrativo" en marzo de 2025, pese a que años antes un juez de inmigración le había permitido quedarse en EE.UU. al establecer que corría peligro si era deportado a su país natal.