Cristina Fernández rechaza caso de presunta corrupción
Almudena Calatrava
Buenos Aires / AP
a expresidenta argentina Cristina Fernández calificó de maniobra de persecución política a la investigación judicial de la que es objeto por presunta corrupción en la concesión de obras públicas, una de las acusaciones más fuertes en su contra.
Fernández (2007-2015) desestimó el lunes 31 de octubre, en declaraciones a periodistas, la causa en la que dos fiscales la acusaron de supuesto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público luego de declarar por escrito ante el juez federal Julián Ercolini.
A la salida de la cita judicial Fernández apuntó contra su sucesor, el presidente Mauricio Macri, y sostuvo que es víctima de una «maniobra formidable de persecución» gubernamental «que trata de ocultar el actual desastre económico y social».
La exmandataria cuestionó a los fiscales y al juez por sospechar que tanto ella como su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007) crearon una «asociación ilícita» para beneficiar al empresario Lázaro Báez, allegado a ambos.
Los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques ampliaron recientemente la acusación contra la expresidenta a partir de nuevas pruebas sobre el supuesto otorgamiento discrecional de obras a Austral Construcciones, la empresa que dirigía Báez en la sureña provincia de Santa Cruz, gobernada por Kirchner antes de ser presidente.
Báez está actualmente detenido acusado de lavado de dinero y otros delitos.
Los fiscales denunciaron una operación criminal «por medio de la cual desde el Poder Ejecutivo Nacional… se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del Estado en favor de Lázaro Báez por más de 16.000 millones de pesos (poco más de 1.000 millones de dólares)». Varias de esas obras, como carreteras, nunca fueron terminadas.
El magistrado dispone ahora de 10 días para decidir si procesa a Fernández, le dicta la falta de mérito por entender que no hay pruebas suficientes que la involucren o la sobresee.
