TPS: ¿con los días contados?
Víctor Caycho
Washington Hispanic
n dos declaraciones, una el miércoles 31 de mayo en Puerto Príncipe, Haití, y la otra el jueves 1 de junio en Miami, Florida, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, hizo notar reiteradamente que el Estatus de Protección Temporal (TPS) “es temporal por su naturaleza” y que no debería ser indefinido.
Durante su visita a Haití, donde se reunió con el presidente haitiano Jovenel Moïse, Kelly señaló que sus predecesores en el cargo ampliaron el beneficio del TPS a decenas de miles de inmigrantes sin analizar detalladamente las condiciones que se viven en sus respectivos países.
El TPS permite residir y trabajar en Estados Unidos a gran número de salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y también haitianos, debido a desastres registrados mucho tiempo atrás, algunos hace 20 años.
Analistas indicaron que esos inmigrantes “quizá deberían empezar a pensar sobre volver a casa”.
Justamente Kelly le habló al presidente Moïse sobre su reciente decisión de extender el TPS de los haitianos a sólo seis meses –en lugar de 18 como se hacía previamente-, y la repatriación posterior de unos 58 mil inmigrantes de esa nacionalidad que están protegidos en territorio estadounidense.
“El secretario Kelly añadió que Haití está observando significativas señales de recuperación tras el terremoto de 2010”, según reportó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el miércoles 31. Entre ellas se refirió a la reciente decisión de las Naciones Unidas de retirar su Misión de Estabilización en Haití en octubre próximo.
También discutió con autoridades de Haití sobre los planes para repatriar a los nacionales haitianos que residen actualmente en Estados Unidos, “donde sus capacidades y capital pueden ser usados para expandir la economía de su país”, añadió el reporte del DHS.
En la actualidad, hay 260 mil salvadoreños protegidos por el TPS en Estados Unidos, después de la última extensión que vence en marzo del próximo año.
Otros beneficiarios son alrededor de 86 mil hondureños y 5 mil nicaragüenses que viven y trabajan legalmente en el país gracias a ese beneficio.
Los gobiernos de El Salvador, Nicaragua y Honduras han alegado durante años que no están listos para captar repentinamente a tantas personas y que les afectaría dejar de recibir sus remesas.
