OEA instala misión contra la impunidad y corrupción

Washington Hispanic
AP

a Organización de los Estados Americanos (OEA), anunció la instalación, el lunes 22 de febrero, de una misión de expertos internacionales que por al menos cuatro años buscará combatir una denunciada corrupción e impunidad en Honduras.

“La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) comenzó hoy mismo a enfrentar de manera decidida los flagelos que agobian a este país”, afirmó el peruano Juan Jiménez, vocero y líder del grupo investigador, en Tegucigalpa, la capital hondureña.

Como ministro de Justicia, Jiménez contribuyó en su país a encarcelar por corrupción al expresidente peruano Alberto Fujimori, quien aún está preso. Hasta hace poco, Jiménez fue embajador de Perú ante la OEA.

“La Maccih es una iniciativa sin precedentes dirigida a producir una reforma estructural en la administración de justicia hondureña”, subrayó.

Según el funcionario, la corrupción absorbe cada año el 2 por ciento del Producto Interno Bruto de Honduras, de 22 mil millones de dólares.

El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, dio a conocer en un comunicado que “en siete años, Honduras podrá ser autosuficiente a la hora de abordar sus casos de corrupción”, luego de asegurar que “la Maccih es una contribución seria y profunda en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y, en eso, vamos a ser absolutamente inflexibles”.

El acuerdo final para poner esta misión especial en operación fue firmado el 19 de enero pasado en Washington por el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien señaló que la misión fortalecerá la institucionalidad de Honduras, debilitada por la injerencia del ejecutivo en los restantes poderes y las entidades estatales. El convenio, sin embargo, aún no lo aprueba el Congreso de su país.

Es la primera vez que la OEA crea una misión de este tipo para trabajar en un Estado miembro y la integran unos 30 investigadores, jueces y fiscales extranjeros e igual número de hondureños. La misión tendrá un presupuesto de entre 7 y 10 millones de dólares anuales de la cooperación internacional, especialmente de Estados Unidos.

Los casos a investigar son escogidos por la misión, pero ha trascendido que entre ellos figuran 13, siendo el principal el del Instituto de Seguridad Social, saqueado por más 300 millones de dólares y considerado uno de los mayores escándalos de corrupción que ha sacudido al país en las últimas décadas.

El caso involucra a empresarios, políticos e incluso al propio presidente Hernández, quien reconoció que su campaña electoral en 2013 recibió dinero procedente del desfalco, pero sin saberlo.

Esa situación provocó que entre mayo y octubre de 2015, una multitud de jóvenes con antorchas en mano de la Oposición Indignada exigiera en las calles la dimisión de Hernández y que un tribunal internacional de Naciones Unidas y la OEA enjuiciara a todos los involucrados en la corrupción en el país, donde el 62 por ciento de los 8,7 millones de habitantes vive en la pobreza.

La OEA auspició en agosto pasado un diálogo nacional a petición de Hernández en un intento por calmar a los indignados. El chileno John Biehl, nombrado por Almagro como el facilitador, fracasó en el intento de llegar a un consenso sobre el tema.

Los indignados cuentan con un gran poder de convocatoria por las redes sociales.

Ariel Varela, líder de la Oposición Indignada, afirmó que “la Maccih no es lo que la sociedad demanda, pero es un logro del pueblo en las calles y es lo que tenemos”.

Se refirió así que los indignados exigieron a la ONU que creara un grupo de investigadores similar al que funciona desde 2006 en Guatemala y que provocó la renuncia y arresto y encarcelamiento del presidente de ese país, Otto Pérez Molina, y la vicepresidenta Roxana Baldetti por un sonado fraude en las aduanas.